Argentina dio un paso hacia la despenalización del uso de cannabis al promulgar la Ley 27.350 por la cual el autocultivo y la comercialización de productos derivados de este cánamo, se permiten con fines medicinales.
De esta manera, un sector de la población que encontraba en la utilización del cannabis como tratamiento para diversas afecciones de salud dejará de adquirirlo en forma ilegal.
A través de la publicación en el Boletín Oficial el pasado jueves, el Gobierno Nacional aseguró que «resulta impostergable crear un marco reglamentario que permita un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el Cannabis como herramienta terapéutica».
Además, se establece la creación del Programa Nacional de Cannabis (Reprocann) dependiente del Ministerio de Salud, para aquellas personas que cultiven, investiguen o sean pacientes que requieran de aceites y/o cremas elaborados con esta especie herbácea. «Los y las pacientes podrán inscribirse para obtener la autorización de cultivo para sí, a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada por la Autoridad de Aplicación. Podrá inscribirse en el Reprocann quien cuente con indicación médica y haya suscripto el consentimiento informado correspondiente, en las condiciones establecidas por el programa», detalla el texto. «Es que la presente reglamentación establece un registro específico para usuarias y usuarios que cultivan cannabis para fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos, como así también promueve la creación de una red de laboratorios públicos y privados asociados que garanticen el control de los derivados producidos».
No todo es color verde
«La regulación del cultivo de cannabis para la salud fue el pedido continuo de Mamá Cultiva Argentina y otras organizaciones, pedido que fue desoído por nuestros representantes en la sanción y reglamentación de la Ley 27.350, y nos obliga a seguir en la ilegalidad por buscar una mejor salud y calidad de vida para nuestras familias. A más de dos años de su sanción, la ley no contempla tres pilares fundamentales: el autocultivo, el cultivo solidario y el cultivo comunitario. Con ellos se ayudaría a quienes necesitan acceder a una mejor calidad de vida a través de las terapias con marihuana», comunicaron desde la organización Mamá Cultiva, una de las entidades impulsoras del proyecto ahora convertido en normativa.
Por otra parte, la ley establece en el Artículo 7 que las y los pacientes «podrán adquirir especialidades medicinales elaboradas en el país, importar especialidades medicinales debidamente registradas por la autoridad sanitaria o adquirir formulaciones magistrales elaboradas por farmacias autorizadas u otras presentaciones que en el futuro se establezcan» y «aquellas personas que no posean cobertura de salud y obra social, tienen derecho a acceder en forma gratuita». Además, «en caso contrario, la cobertura deberán brindarla las obras sociales y agentes del seguro de salud del sistema nacional, las demás obras sociales y organismos que hagan sus veces creados o regidos por leyes nacionales, y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga».
Finalmente, el documento fechado el miércoles 11 de noviembre, expresa las siguientes metas: «Impulsar la investigación con el fin de generar evidencia científica de calidad que permita a las y los pacientes humanos acceder a la planta de cannabis y sus derivados en forma segura; promover las investigaciones que realizan el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET), otros organismos de ciencia y técnica, universidades, organizaciones de la sociedad civil, sociedades científicas, instituciones académicas, nacionales, provinciales y municipales, relacionadas con los fines terapéuticos y científicos de la planta de cannabis y sus derivados; cuando los proyectos sean realizados por los distintos organismos de ciencia y técnica o universidades, y no involucren investigación clínica aplicada, no requerirán autorización de la Autoridad de Aplicación para su desarrollo sino que se regirán por su propia normativa aplicable».
