En Argentina, un alto porcentaje de las personas migrantes se desempeñan en sectores informalizados como el trabajo doméstico, la construcción, la gastronomía o la industria textil. La mayoría de ellas son mujeres, y muchas están expuestas a situaciones de explotación o violencia que rara vez se denuncian.
«Del total de personas migrantes que llegan a Argentina, un 75% trabaja en sectores de informalidad. Dentro de ese porcentaje, el 65% son mujeres. Y en ese universo, más de la mitad trabaja en casas particulares», explicó la abogada penalista Audrin Bermúdez, integrante de Clínica Migrante en Latidoamérica, en entrevista. «Ahí tenemos un triple filtro de vulnerabilidad: ser mujer, ser migrante y trabajar en la informalidad».
Violencia laboral e invisibilización en el hogar
La abogada remarcó que muchas trabajadoras de casas particulares son víctimas de distintos tipos de violencia: psicológica, económica, verbal e incluso física. «Lo más grave es que muchas veces ocurre dentro del hogar, un espacio cerrado, privado, donde nadie puede ver ni intervenir», señaló.
«No es caridad, es un derecho»
Uno de los temas que más preocupa es el modo en que algunos empleadores perciben su rol. «Muchas veces para los nacionales, darle trabajo a un migrante se considera un acto de caridad. Y, al considerar que es caridad, se acepta que ese trabajo se de en cualquier condición, con cualquier paga», explicó Audrin. Esto puede significar pagar con propinas, hacer trabajar horas extras sin compensación o negarse a registrar a la persona como corresponde. «La persona empleadora se desconecta de la riqueza que recibe gracias al trabajo del otro», añadió.
Derechos laborales y herramientas legales disponibles
La abogada enfatizó que el ordenamiento jurídico argentino prevé mecanismos para reclamar los derechos vulnerados. «Si un empleador no cumple con su parte, hay herramientas legales para exigirlo. Existen acciones civiles por daños y perjuicios laborales, y también acciones penales si hay trata o explotación».
Además, recordó que el principio de gratuidad en la justicia laboral permite que los trabajadores puedan acceder a la justicia sin costo: «Se puede acudir al Ministerio de Trabajo, a consultorios jurídicos gratuitos de universidades públicas o al Colegio Público de Abogados. Hay muchas puertas que pueden abrirse sin pagar honorarios».
El valor de la prueba
Un punto clave para poder accionar es reunir pruebas. «Más pruebas, más derechos. Lo importante es que quien sepa que está sufriendo una injusticia pueda documentarlo. A veces son fotos, a veces un audio, a veces el nombre del empleador», dijo Audrin. Y recalcó: «Si no se puede resolver el problema en lo inmediato, al menos que quede constancia para poder reclamar luego».
El trabajo es dignidad
Audrin Bermúdez, migrante colombiana residente en Argentina, con título de la Universidad Nacional de Colombia, ha convalidado su título y trabaja activamente en la defensa de personas migrantes desde el derecho penal. En su cierre, dejó una reflexión potente: «El trabajo es el amor hecho visible. No se trata de soportar cualquier cosa por amor al trabajo, sino de construir condiciones justas para quienes sostienen nuestras casas, nuestras familias, nuestros espacios. No es caridad: es derecho».
