Luego de la presentación del documento compromiso para evitar despidos firmado por los principales empresarios del país por un plazo de 90 días, que fue comunicado este lunes en Casa Rosada ante el presidente Mauricio Macri, las críticas provenientes de distintos arcos políticos no se hicieron esperar.
El texto fue producto de una negociación del ministro de Producción, Francisco Cabrera, ante el tratamiento en el Congreso de una Ley Antidespidos que frene la decisión pública y privada que ya superó las 100.000 pérdidas de fuentes de trabajo. El documento, además, no tiene vigencia legal alguna, tal como expresó el referente del Frente de Izquierda y excandidato presidencial, Nicolás Del Caño. «El Gobierno, que es la representación política directa de los grandes capitalistas, está muy nervioso con que el Congreso termine votando una ley que ya tiene media sanción en el Senado», manifestó Del Caño.
Al respecto de los detalles de la propuesta de los empresarios para no crear desempleo por un lapso de 3 meses, Del Caño aseguró que «sabemos que es un proyecto flojo, que no es retroactivo (no se reincorporan los despedidos de los últimos meses), que no incluye a los trabajadores en negro y que no le da ninguna solución a los chantajes que hacen las patronales con los cierres de empresas, contrariamente a nuestro proyecto que incluye a todos los trabajadores y que plantea la estatización bajo control de sus trabajadores de toda empresa que despida masivamente o chantajee con cerrar. Pero aún así, las patronales y su gobierno se ponen muy locos. Es que quieren tener las manos libres para ir por todo, para poder despedir sin problemas y seguir bajando el salario real de todos los trabajadores, como lo están haciendo con la inflación y los tarifazos, para aumentar aún más sus ganancias. Por eso Macri hizo ayer esa parodia en la Rosada firmando un acuerdo que no tiene validez legal alguna, con el objetivo de tener apoyo político a un veto presidencial a la ley que podría votarse en el Congreso». De hecho, este mismo martes el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, expresó sobre el proyecto de ley que «si sale tal como sale, va a ir a un veto, eso está claro» y recordó que «el Presidente fue claro desde el primer día. Es una ley que no ayuda a los trabajadores y va en contra de los objetivos planteados».
Además, Nicolás Del Caño afirma que «es raro», porque «dicen por un lado que no van a despedir por 90 días, pero por el otro afirman que si se votara una ley prohibiendo los despidos por 180 días se hunde el país y no vendrían inversiones. Claro, las inversiones de las que hablan necesitan mano de obra dócil, barata y desechable. Qué importan nuestra vidas y las de nuestras familias. Es la lógica implacable del capital. Allá ellos».
En cuanto a la sesión del Senado para aprobar la Ley Antidespidos que desde el Gobierno Nacional ya manifestaron que podrían vetar, quien fuera candidato a presidente en las pasadas elecciones por parte del Frente de Izquierda, aseguró que «nosotros vamos a una sesión especial el miércoles en Diputados para sancionar la ley, y allí defenderemos nuestro proyecto. Es lo que que Myriam Bregman propuso hace más de un mes y recién se puede concretar ahora. Los cuatro diputados del FIT van a estar todos. El quórum para sesionar va a depender del Frente para la Victoria (FpV) pero también de los Progresistas, del Frente Renovador y del Bloque Justicialista. Ahí se verá quién es quién en este asunto», desafió Del Caño, a la vez que reveló que «si lográramos sancionar lo que ya se votó en el Senado, se viene el veto presidencial, con el apoyo de todas las cámaras patronales. Ahí sabremos si la postura de todas las alas de la CGT y la CTA -que mayoritariamente vienen dándole una tregua de cinco meses de ajuste y despidos al Gobierno- es testimonial o real. La única forma de torcerle el brazo a Macri y su CEOcracia es mostrando el poder que tenemos los trabajadores, paralizando el país».
En cuanto al texto presentado en Casa Rosada, afirma lo siguiente: «Ante el momento de cambio positivo que está viviendo la Argentina y de transición económica que genera dificultades en el corto plazo, nosotros como empresarios nos comprometemos a: no reducir nuestros planteles de empleados durante al menos los próximos 90 días; generar planes de inversión para proveer más puestos de trabajo; y trabajar junto al Gobierno Nacional y a los sindicatos en una agenda de desarrollo y de mejora de la calidad del empleo en el país». Además, amplía la intención y asegura que los empresarios firmantes «creemos que las medidas que está tomando el Gobierno son las adecuadas para alentar la creación de nuevos puestos de trabajo».
Mientras tanto, el presidente del bloque del FpT, Héctor Recalde, despejó cualquier duda sobre el tratamiento en el Congreso. «Nuestra idea es que se apruebe el proyecto. Estamos citando para el jueves y estamos juntando muchas voluntades. Estamos muy cerca de los 129 votos, muy cerca del quórum para tratar la ley tal como viene del Senado».
Por su parte, el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, dijo que este acuerdo «no cuenta con el aval de ninguna de las organizaciones que impulsamos la ley. Es muy malo que el propio Presidente de la Nación haga gambetas para intentar impedir la sanción», según su parecer, fundada en que se trata de «una maniobra para justificar a la opinión pública una preocupación por el tema de despidos que en la práctica se contradice con los hechos», aunque luego intentó bajar un tono al asunto y comentó en declaraciones radiales que «más allá de las buenas intenciones de los grupos empresarios, preferimos las leyes que son las que obligan a los más fuertes, los empresarios, a respetar el derecho de los más débiles, los trabajadores».
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