La actualidad política de Colombia ganó varias cuotas de tensión y conflicto en los últimos días. El presidente Gustavo Petro, que encabeza el gobierno más a la izquierda en la historia del país, se encuentra afrontando obstáculos importantes en su principal objetivo del momento: aprobar el proyecto de reforma del sistema de salud.
Atrás quedó la bocanada de aire fresco que disfrutó a finales de 2022, cuando obtuvo una gran victoria legislativa que consagró la reforma tributaria (con la cual se aseguró la obtención de recursos para financiar programas de educación, salud, combate a la pobreza y cuidado del medioambiente).
Desmenuzando el proyecto oficialista para la sanidad colombiana, vemos la magnitud de las transformaciones propuestas. Entre otros puntos, busca reducir la brecha entre las grandes ciudades y las zonas rurales, mediante la creación de los Centros de Atención Primaria -uno por cada 25.000 habitantes-; establece un sistema de prevención de enfermedades, implementando el monitoreo, la atención entre la población y el cuidado de la salud mental; y remueve el rol de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) como intermediarias entre las prestadoras y las ciudadanías. Además, refuerza la calidad de vida para las y los trabajadores del sistema de salud, incluyendo incrementos salariales, mejora en condiciones laborales y formación profesional, priorizando a quienes desempeñan su labor por fuera de las grandes urbes.
Es importante resaltar que, si bien queda garantizada la prestación público-privada (es decir, seguirán existiendo clínicas y laboratorios privados), los valores de sus servicios los establecerá el Ministerio de Salud.
El panorama se complicó significativamente para el Presidente
El martes 25 de abril se votó la reforma en la Comisión de la Cámara de Representantes, el primero de los cuatro debates que debe atravesar. Logró pasarla, por 10 votos contra 8, pero el costo político fue enorme: la ruptura de la alianza que tenía con el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. Simultáneamente, Petro pronunció un discurso en la entrega de un predio rural llamado La Calera, en la zona de Zarzal, en la región del Valle de Cauca. Allí, afirmó que “el Gobierno debe declararse ya en emergencia” y agregó: “Un gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón esté a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones”.
Al día siguiente, se concretó lo que se veía venir. El Jefe de Estado realizó un cambio grueso en su gabinete. Específicamente, sustituyó a las y los ministros de las carteras de Interior; Salud; Agricultura; Ciencia; Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC); Transporte; y, posiblemente el más importante, Hacienda. En este último, decretó la salida de José Antonio Ocampo, figura que brindaba «certidumbre» en «los mercados», y designó en su reemplazo a Ricardo Bonilla.
También se expresó vía Twitter, con una publicación en la que fue tajante. “Las decisiones políticas tomadas hoy demuestran: 1. La invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el dialogo y el pacto. 2. La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el dia de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada”, afirmó el mandatario.
Más allá del avance en los acuerdos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del rol de mediador que viene exhibiendo ante oficialismo y oposición en Venezuela, definitivamente Petro apuesta todo a intentar enderezar el rumbo político para lograr la aprobación de la reforma de la salud. La audacia en el rediseño de su gabinete y el impulso a una convocatoria a la movilización callejera son sus principales cartas.
