Al calor de la fractura sociocultural histórica que divide Bolivia entre la región del altiplano y la zona oriental pudiente, se produjo el pasado miércoles 18 de diciembre uno de esos hechos que pueden generar un parteaguas de consecuencias impredecibles. La detención del gobernador del Departamento de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, en el oriente boliviano, abre un escenario de fuerte tensión en el marco de un gobierno con inocultables peleas internas y de una virulencia asfixiante por parte de la oposición referenciada, precisamente, en el cruceñismo.
El miércoles de la detención, por la noche, se produjeron serios disturbios en Santa Cruz, incluyéndose bloqueos de calles y rutas, incendios de autos y el incendio de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y de la casa del ministro de Obras Públicas de la Nación, Edgar Montaño, que vive junto a su familia en la ciudad capital del Departamento.
Hay que recordar que hace apenas dos meses, entre octubre y noviembre, el camachismo (a través del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo) impulsó un paro que duró 36 días, con extrema violencia, en el que se produjeron cuatro muertos y se infligió un serio daño a la estabilidad económica del país.
Camacho está acusado de instigar acciones terroristas en el marco del Golpe de Estado propiciado en noviembre de 2019 contra el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera. Se trata del juicio llamado “Golpe de Estado I”, que investiga la serie de acontecimientos que provocaron en aquel entonces el quiebre del orden constitucional y la instalación de la dictadura de Jeanine Áñez, a quien los propios militares la invistieron con la banda presidencial en forma ilegal.
Camacho había sido citado a declarar en tres ocasiones previas, negándose a asistir en todas ellas e, incluso, provocando abiertamente a las autoridades al expresar en público un desafío a que lo fueran a detener. Eso mismo es lo que ocurrió, aunque los sectores más radicalizados de la oposición boliviana denuncien un “secuestro” y el fin del Estado de Derecho en el país.
Volviendo al comienzo de la columna, es imposible comprender la realidad boliviana sin tener en cuenta la diferenciación social que se produce entre ambas mitades del país. Por un lado, las comunidades indígenas del altiplano, con presencia central en departamentos como La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí. Por otro lado, la región de los llanos bolivianos, y especialmente la llamada Medialuna de Oriente (Beni, Pando, Tarija y sobre todo Santa Cruz), con sectores sociales que desprecian a los coyas y anhelan el estilo de vida del llamado “primer mundo”.
Hablamos de una oposición que en 2008 ensayó intentos secesionistas violentos (que incluyó masacres como la de Pando, ocurrida el 30 de septiembre de ese año contra campesinos que apoyaban al presidente Evo Morales). Precisamente, cuando un indígena sindicalista cocalero proveniente de la comunidad indígena Aymara llega al Palacio de Gobierno, las élites orientales perdieron la cabeza para siempre. Desde el minuto uno, no vieron el día en que la experiencia del Movimiento al Socialismo (MAS) encontrara su fin.
Fueron unos largos 13 años, hasta que las condiciones objetivas hicieron viable que impulsen con éxito en noviembre de 2019 un Golpe de Estado, del cual Camacho fue una figura igual o más protagónica que quien terminaría asumiendo, en forma inconstitucional, violando el reglamento estipulado y no dejando delito por cometer, otra anti masista furiosa como Áñez.
Fue decretado un paro de 48 horas para el viernes 30 de diciembre en Santa Cruz. Casi en simultáneo, a la madrugada, Camacho fue trasladado desde la celda de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen (FELC) hacia el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, donde cumplirá cuatro meses de prisión preventiva ordenados por un juez.
La gran incógnita en estos momentos es saber si la violencia desatada por los seguidores del gobernador encarcelado puede extenderse a otros departamentos. Por ejemplo, los demás de la Medialuna de Oriente, que si bien no tienen el peso específico cruceño pueden ser un apoyo importante para un eventual enfrentamiento por tiempo indefinido: Pando, Beni (de donde proviene la expresidenta de facto asumida en 2019, Jeanine Áñez) y Tarija.
El curso de los acontecimientos irá marcando cuán oscuros serán los nubarrones que asoman en el horizonte de Bolivia.
