En una maniobra de pinzas, el Gobierno Nacional anunció que se implementará un blanqueo de capitales con el fin de afrontar el pago de las deudas previsionales con los jubilados, el otro proyecto del macrismo presentado en forma conjunta en un centro cultural del barrio de San Cristóbal.
En caso de que el proyecto de blanqueo, oficialmente denominado ley de «Sinceramiento Fiscal», sea aprobado por el Parlamento estará vigente desde el 1° de julio hasta el 31 de diciembre de 2016 y se calcula que permitirá la repatriación de unos 20 mil millones de dólares que argentinos tienen en el exterior o atesorados en su casa. Estos fondos, tal como se mencionó, serán destinados al pago a los jubilados que tienen en marcha juicios por reajustes de haberes o que puedan iniciar ese trámite.
Los detalles dados a conocer hasta ahora especifican que para poder acceder al blanqueo se deberá: pagar un impuesto especial, suscribir bonos por el monto declarado y hacer inversiones a largo plazo en el país.
Los porcentajes a pagar serán diferentes según el monto que se declare: las personas físicas o jurídicas que declaren menos de $ 305.000 no pagarán nada en concepto de gravamen, quienes declaren hasta $ 800.000 el impuesto será del 5% y por encima de los $ 800.000 la tasa a pagar será del 10% hasta el 1° de enero de 2017. Posteriormente el porcentaje será del 15 por ciento.
El blanqueo se podrá hacer ya sea dejando el dinero en el exterior o registrándola en una entidad financiera local, por medio de un depósito en efectivo en una cuenta, que quedará inmovilizada hasta que culmine el plan; o suscribiendo algún bono de los que se dispondrá en este programa. El primero será a tres años de plazo y no devengará interés, mientras que el otro será a seis años, que otorgará un rendimiento del 5% anual a partir del cuarto año.
Es importante destacar que en este blanqueo se podrán declarar pesos y bienes además de divisas.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, señaló que «esta es la última oportunidad» para exteriorizar activos no declarados, ya que en 2017 entrará en vigencia el convenio multilateral de la OCDE de intercambio de información tributaria con 50 países que permitirá al Gobierno disponer de herramientas para buscar fondos no declarados en el exterior. Prat Gay precisó que, de esta forma, «Argentina tendrá acceso a información en 48 países del mundo y será difícil para el argentino que no está en regla esconder la plata», y que será «la oportunidad porque la AFIP tendrá todos los instrumentos que nunca tuvo para preguntar dónde está el dinero».
Podrán acceder al blanqueo las personas investigadas por el fisco, que habilitará a inscribirse a quienes sean investigados por las cuentas no declaradas en Suiza. Por el contrario, quienes estén condenados o procesados por evasión y lavado de dinero no están incluidos entre quienes pueden acogerse a la medida.
Además, Prat Gay indicó que, si bien los funcionarios públicos podrán acceder al blanqueo, igualmente deberán hacer pública y con carácter obligatorio su  declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). Este último punto también regirá para quienes hayan sido funcionarios públicos desde 2011. El argumento es para ponerlos en igualdad de condiciones con los actuales funcionarios.

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