A 46 años de la ráfaga de balas que terminó con la vida del Padre Mugica, sus protegidos en asentamientos y barriadas populares sufren la llegada del COVID-19 y temen lo peor en medio de la desigualdad y las difíciles condiciones sanitarias. Este es un panorama que se replica en los asentamientos de los países latinoamericanos. Durante décadas, los sectores más vulnerables habitan las villas, favelas y comunas en las distintas geografías de Latinoamérica, lugares que se caracterizan por deficientes recursos sanitarios, hacinamiento, olvido estatal y una creciente delincuencia en torno al narcotráfico.

El Ministerio de Salud nacional confirmó este domingo que el número de casos positivos por COVID-19 ​en los barrios denominados villas de la Ciudad de Buenos Aires asciende a 519, lo que representa casi el 30% del total de Capital. Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, detalló que se detectaron 373 casos positivos en la Villa 31, unos 120 en la Villa 1.11.14 y otros 26 en el resto de los barrios populares. El porcentaje de positividad del barrio Mugica de Retiro es del 67%.

Paradójicamente, según la funcionaria, los barrios de emergencia constituyen uno de los tres focos importantes de contagio, junto con los geriátricos y las cárceles. Estas últimas cuentan con graves problemas de hacinamiento que no se pudieron solucionar.

En el Relevamiento Nacional de Barrios Populares hecho por el Gobierno Nacional en el 2018, se revela que en todo el país existen 4.228 barrios populares, que en conjunto ocupan un total de 330 kilómetros cuadrados, lo que equivale a una superficie más grande que toda la Ciudad de Buenos Aires (de extensión 203 km2). Más de 3.000.000 de personas (un total de 800.000 familias) habitan en villas o asentamientos informales. Aproximadamente 1.600 villas se encuentran en el Conurbano bonaerense y más de la mitad nacieron antes del año 2000 y casi un cuarto del total son posteriores a 2010.

Según el mismo informe, un barrio popular está definido por la convivencia de al menos 8 familias agrupadas o contiguas, en el que más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos (o más) de los servicios básicos: redes de agua corriente, de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o cloacal. Estas condiciones revelan el grave peligro que ronda las villas y asentamiento populares con el fantasma del coronavirus.

La curva sigue creciendo

Según cifras oficiales del Gobierno porteño difundidas en el parte sanitario, hasta el 5 de mayo la Villa 31 completaba dos semanas sin suministro de agua potable, situación que aumenta el riesgo y el miedo. Los casos confirmados de personas en la Villa 31 y 31 bis se dispararon de 3 a 133 y Toribia Balbuena, una jubilada de 84 años, madre de la primera paciente registrada en la 31, murió este 9 de mayo en el Hospital Rivadavia, donde estaba internada en terapia intensiva desde el 20 de abril.

Aislados en la precariedad, olvidados e invisibilizados por años, los habitantes de las villas pasan a ser un indiscutible grupo de riesgo masivo y entran en el espectro del ojo que vigila con recelo a los que podrían transmitir el coronavirus, tal como sucede con el personal de salud, los adultos mayores y ahora los pobres.