Este viernes en el Noticero dialogamos con el abogado ambientalista Jonatan Baldiviezo sobre la aprobación el jueves en la Legislatura Porteña del proyecto para construir torres en el complejo de Costa Salguero, además del convenio con la empresa IRSA para crear centros urbanos en la Ciudad de Buenos Aires.

«Ayer vivimos una de las sesiones más escandalosas de los últimos 30 años. Es lo que veníamos denunciando y advirtiendo: el Gobierno de la Ciudad en conjunto con la Legislatura decidieron avanzar con cuatro proyectos inmobiliarios, que los llamamos ‘los 4 Jinetes Inmobiliarios’ porque simbolizan un mercado totalmente desbocado, con una voracidad para sacrificar a la ciudad tremenda. Esos cuatro proyectos involucraban la autorización para hacer un emprendimiento inmobiliario en Costa Salguero, un nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur en el predio que se conoce como la ex Ciudad Deportiva de la Boca. Allí quieren construir 900.000 metros cuadrados sobre uno de los pocos humedales que quedan en la Ciudad de Buenos Aires, decenas de torres de 145 metros de altura rodeando la Reserva Ecológica de Costanera Sur, un verdadero disparate. A eso, que implica sacrificar importantes sectores de la Costanera, se le suma un proyecto para autorizar 10 torres en los barrios más ricos de la ciudad a través de convenios urbanísticos», detalla Baldiviezo.

Además, asegura que «uno diría: ‘bueno, los convenios son parte de instrumentos de planificación de la ciudad’, pero lo que están haciendo es vender excepciones inmobiliarias. El que tiene plata puede comprar una norma a medida sin importar las consecuencias ambientales o sociales, sin importar el patrimonio, y las puede instalar donde quiera. Esto es un disparate urbanístico, obviamente, y a esto se le suma algo increíble: aquellos edificios que se construyeron a sabiendas sin permisos y violando en metros cuadrados lo permitido, van a ser legalizados. No estamos hablando de familias que techaron un patio o construyeron una pieza de más en un PH, sino que estamos hablando de edificios que se pasaron lo permitido en miles de metros cuadrados. En lugar de ser sancionados gravemente son premiados, se legaliza la ilegalidad. Es parte de la ética de este gobierno. Cada vez que vamos a la Justicia y ganamos una causa judicial y encontramos ilegalidades, lo que hacen en cambiar la ley, no dan marcha atrás. Es parte de una ética de la legalización de lo ilegal. Desde una perspectiva de ética pública, es realmente muy negativo para la Ciudad de Buenos Aires».

Asimismo, el abogado ambientalista analiza que, «por otra parte, estos proyectos son la punta de lanza y la consolidación de que la planificación está sometida a la especulación inmobiliaria. En estos dos años de pandemia solo se discutieron negocios inmobiliarios en la Legislatura, no cómo salir de la crisis habitacional o ambiental, solo negocios como si viviéramos en una ciudad ajena a todos los conflictos y problemas que tienen los porteños. No solo determinan el qué sino el cómo y los tiempos. La Legislatura en 5 días le dio tratamiento a estos 4 proyectos luego de que tuvieran audiencias públicas multitudinarias con miles de personas oponiéndose a estos proyectos. El 98% en algunas audiencias y 100% en otras le dijeron que no al Gobierno».

Finalmente, Baldiviezo afirma que «el gobierno cuando no puede manipular la democracia, la deslegitima. Constantemente lo hace con las audiencias públicas», y «creemos que la democracia representativa fue capturada por el poder inmobiliario, que está concentrado en la figura del Jefe de Gobierno, es el que va impulsando cada uno de esos negocios. Resulta inentendible cuando tratamos estos mega emprendimientos en plena pandemia como si no hubiera urgencias».

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