Una vez más, María Julia Alsogaray fue condenada a prisión. En esta oportunidad fue por una causa por administración fraudulenta durante la privatización de Entel, la exempresa telefónica estatal, y por realizar contratos de fin de obra durante ese proceso licitatorio, ocurrido hace ya 25 años.
La pena de cuatro años estará en suspenso hasta que se ratifique el fallo luego de las apelaciones. Además, exfuncionaria menemista tiene otra condena de cuatro años dictada el año pasado que, de quedar firme, se unificará con la nueva y con otra anterior en una causa por enriquecimiento ilícito. Si la Cámara Federal de Casación Penal que estudia el fallo de 2013 lo confirma, el cómputo de las penas unificadas podría llevar a la dirigente liberal a la cárcel por un lapso de 11 años.
Por otra parte, el Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces José Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Julio Panelo, la inhabilitó de por vida para ocupar cargos públicos, tal como había pedido la fiscal Sabrina Namer durante su alegato. La defensora de la exfuncionaria, Pamela Bisserier, había argumentado que el delito había prescripto y sostuvo que se le endilgaban hechos ajenos a su función y que no estaba probado perjuicio alguno al patrimonio estatal.
“Condenar a María Julia Alsogaray (…) a las penas de cuatro años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y las costas de este proceso por considerarla coautora penalmente responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública”, se leyó en la lectura de la sentencia.
El caso al que se refiere el fallo actual es un contrato hecho con la consultora KPMG para determinar cuánto dinero le correspondía a la llamada Entel residual, administrada por Alsogaray, por acuerdos inconclusos con diversos contratistas de la por entonces empresa estatal.
En la acusación, el fiscal Carlos Rívolo, quien había pedido la elevación a juicio de esta causa hace diez años, señaló que Alsogaray amplió los plazos de ejecución y duplicó los precios sin justificación en los contratos. De esta manera, se habría perjudicado al erario público en un monto cercano a los 250 millones de pesos que equivalían al mismo monto en dólares.
El contrato con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por KPMG, el abogado Jaime Fernández Madero y la firma Copiaga S.A. se firmó en 1994 por medio de un concurso privado de precios que, según la Justicia, habría sido “direccionado”. Los fundamentos del tribunal se darán a conocer el próximo lunes 28. A partir de esa fecha las defensas tendrán diez días para apelar ante la Cámara de Casación Penal, y con ese recurso impedir que la sentencia quede firme y que Alsogaray sea detenida tal como lo ordenó el tribunal.
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