La provincia de Santiago del Estero demanda un nuevo caso de violencia policial. Los hechos acontecieron en abril de 2020, cuando Mauro Coronel, de 22 años, fue detenido violentamente en su casa en el barrio Santa Rosa de Lima y, posteriormente, trasladado a la Comisaría 10° del barrio Autonomía.

Tras el arresto del joven, su madre, Laura Coronel, se trasladó a la sede policial donde, según declaró, escuchó los gritos de su hijo pidiendo auxilio. Asimismo, Mauro Coronel fue trasladado sin que se les informara debidamente a sus familiares, quienes desconocieron durante 48 horas su paradero.

Finalmente, el desenlace llegó con la noticia del fallecimiento de Mauro, cuatro días después de su detención. Al respecto, una vecina sostuvo que vio cómo la policía lo ingresaba en el Hospital Regional Ramón Carrillo.

Los hechos dan cuenta de la violencia policial ejercida hacia el detenido ya que, a través del testimonio de testigos e imágenes que circularon públicamente, se ve a Mauro semidesnudo y esposado en un patio.

Sobre este tema, hasta el momento aún no hay imputados ni se está investigando el rol de las personas que lo detuvieron y/o le brindaron algún tipo de atención. El entorno familiar y amigos exigen un avance concreto en la causa para lograr esclarecer así lo sucedido con Mauro. En este sentido, la familia denuncia que es víctima de persecuciones con el fin de que guarden silencio. Incluso, en abril de 2021, Laura coronel realizó una denuncia formal por amenazas y lesiones en su domicilio.

Al respecto, la madre de la víctima manifestó: «A más de un año de su muerte la causa no avanza ni da cuenta de lo que pasó con mi hijo. A Mauro se lo llevaron un viernes completamente sano y 4 días después nos lo devolvieron muerto. Ninguna autoridad se ha hecho responsable por los hechos. Seguimos exigiendo justicia urgente».

Para finalizar, es preciso destacar que el control y la rendición de cuentas es un requisito indispensable de toda actuación de las fuerzas de seguridad para desalentar la institucionalización de la impunidad, y así generar mayores niveles de confianza sobre las autoridades. En este aspecto, resulta preocupante el silencio y la negativa de parte de las autoridades del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Culto y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia para reunirse y brindar respuestas a los familiares.

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