El próximo lunes 1° de febrero la tarifa del servicio eléctrico en nuestro país tendrá un incremento que puede rondar hasta el 300% en casos en los que el consumo mensual sea considerado como elevado y supere los 300 kilovatios según la publicación, este miércoles, de la Resolución 6/2016 en el Boletín Oficial.
Asimismo, se elaboró un Plan Estímulo, es decir, un programa de incentivos para los consumidores que no superen los 300 kv por mes que hará que la boleta tenga una reducción en el importe final. También se estableció un costo especial llamado Tarifa Social para aquellos clientes con menores recursos, porque «parte de la demanda de usuarios finales carece de capacidad de pago suficiente para afrontar los precios establecidos con carácter general», expresaron desde el Ministerio de Energía y Minería, que tendrá como públicos a los «usuarios finales según los criterios de calificación y asignación que comunique el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación».
«El abandono de criterios económicos en la definición de los precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) distorsionó las señales económicas, aumentando el costo de abastecimiento, desalentando la inversión privada de riesgo dirigida a incrementar eficientemente la oferta y restando incentivos al ahorro y el uso adecuado de los recursos energéticos por parte de los consumidores y usuarios. Simultáneamente, solo una proporción menor del costo de abastecimiento fue afrontado por la demanda de energía eléctrica, recurriéndose a los recursos del Tesoro Nacional para cubrir la porción sustancial de dicho costo, lo que contribuyó significativamente a una presión tributaria progresivamente creciente sobre el conjunto de la población, situación que en la actual magnitud deviene insostenible», argumenta la normativa sobre la situación prevaleciente en los últimos años. Al mismo tiempo sostiene que «el precio a pagar por la demanda de energía eléctrica en el MEM debe ser suficiente para satisfacer el costo económico de abastecerla».
Entre las explicaciones que dieron desde el Ministerio de Energía y Minería, a cargo de Juan José Aranguren, se aclaró que el aumento está dado por «el desfasaje existente entre los costos reales y los precios vigentes», además de «las posibilidades de pago de los usuarios y la conveniencia de prevenir un impacto negativo en la economía nacional». Si el poder adquisitivo de la ciudadanía se deterioró, como tantas argumentaron desde el Gobierno, ¿por qué precisamente manifiestan lo contrario para justificar la adecuación de la tarifa?
De todas formas, es cierto que no existe una consciencia naturalizada sobre el uso eficiente del servicio eléctrico, por lo cual complementar el aumento con un programa de estímulos para racionalizar la utilización de la energía es, al menos, una decisión coherente para optimizar un sector que año tras año vivencia infinidad de cortes en distintos barrios y que en varios de los casos se prolonga durante días.
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