El Gobierno Nacional envió este miércoles el proyecto de ley que habilita la privatización de más de cuarenta compañías estatales.
La iniciativa, incluida en la denominada Ley Ómnibus y titulada «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» impulsa en el Artículo 8 del Capítulo II la venta al sector privado de las empresas públicas, por la «necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales» con el objetivo de «generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas». Cabe aclarar que el déficit operativo en 2022 fue de 0,76% del Producto Bruto Interno (PBI), dos centésimas porcentuales menos que el mismo periodo anual anterior. Muy por encima del 0,52% de 2020. También resulta importante recordar que, en muchos casos, las compañías estatales son un servicio para la población. Por citar un breve ejemplo, pese a estas cifras negativas en las que se incluye Aerolíneas Argentinas, la línea aérea de bandera nacional conecta puntos distantes y facilita el derecho de tránsito y movilidad (incluido en la Constitución) de la población en todo el territorio nacional.
De esta manera, se otorgarían las facultades «al Poder Ejecutivo Nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696». No es un dato menor que no se incluye en la participación al Estado sino al Poder Ejecutivo: «A los fines de las privatizaciones señaladas en el Artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad», expresa el documento enviado al Congreso para su aprobación.
Entre las entidades que se pondrían a disposición para ser adquiridas se encuentran la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Banco de Comercio e Inversión Exterior (BICE), Banco de la Nación Argentina (BNA) y sus 4 compañías subsidiarias (Seguros, Servicios, Bursátil y Pellegrini Fondos Comunes de Inversión), Belgrano Cargas y Logística, Casa de Moneda, Construcción de Viviendas para la Armada Argentina, Corredores Viales, Correo Argentino, Dioxitek, Educ.ar, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), Energía Argentina (ENARSA), Fábrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina, Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Polo Tecnológico Constituyentes, Radio y Televisión Argentina (RTA), Talleres Navales Dársena Norte, Télam (agencia de noticias del Estado), Yacimientos Carboníferos Fiscales e YPF.
