Expertos advirtieron el retroceso en materia de derechos humanos en la Argentina en los últimos años.
Dentro del marco por los 50 años del Golpe de Estado que instauró la última dictadura cívico militar en territorio nacional, un grupo de especialistas pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre el cambio de ser «referente mundial en justicia trasnacional» hacia «el desmantelamiento de instituciones dedicadas a la memoria, la búsqueda de personas desaparecidas, la conservación de archivos y la promoción de los derechos humanos», tal como comunicaron desde la entidad.
«Desde el retorno a la democracia en 1983», Argentina se destacó con «hitos como la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el Juicio a las Juntas, el enjuiciamiento de más de mil perpetradores de crímenes de lesa humanidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la restitución de la identidad de niños desaparecidos y el establecimiento de decenas de sitios y políticas de memoria». «Aunque con vaivenes y lagunas, durante décadas el país avanzó enormemente en la lucha contra la impunidad y en garantizar los derechos a la verdad y a la memoria», expresaron los especialistas. «Lamentablemente, hoy estamos observando un rápido deterioro del liderazgo mundial de Argentina en este ámbito», concluyeron.
Asimismo, alertaron sobre 6 ocasiones concretas en las que el actual Gobierno Nacional que encabeza Javier Milei llevó adelante medidas regresivas. «Estas incluyen la reducción del papel del Estado en la promoción de investigaciones penales por crímenes contra la humanidad, la obstrucción del acceso a los archivos de la dictadura y el debilitamiento de mecanismos de reparación y apoyo a las víctimas. En los últimos años, el gobierno argentino también ha desmantelado instituciones dedicadas a la memoria, la búsqueda de personas desaparecidas, la conservación de archivos y la promoción de los derechos humanos», publicó la ONU.
«Estas medidas socavan los cimientos de la justicia transicional, la democracia y el Estado de derecho, a la vez que debilitan las garantías de no repetición» e «instamos a las autoridades a restablecer sin demora las instituciones y políticas desmanteladas y a cesar las acciones que erosionan el legado histórico», continuó el comunicado del organismo, mientras los enviados especiales recordaron «que el Estado argentino tiene la obligación legal de garantizar la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y la no repetición. Esto no es opcional».
Además, crece la preocupación por la cantidad de expresiones negacionistas, descalificaciones de las políticas de justicia, discursos de odio y glorificación de violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo 1976-1983. «Las autoridades deben abstenerse de recurrir a la desinformación y al discurso de odio en relación a estos crímenes y sus víctimas. Intentar reescribir el pasado con narrativas negacionistas o revisionistas constituye otro retroceso alarmante y una violación de los derechos humanos», afirmaron los analistas, que están en alerta por la posibilidad de que el Gobierno Nacional indulte a genocidas.
En este sentido, «los indultos por graves violaciones de los derechos humanos están estrictamente prohibidos por las normas perentorias del derecho internacional» y «Argentina no puede cometer el mismo error otra vez. Por el contrario, debe consolidar y construir sobre su exitoso legado de justicia transicional para garantizar una reconciliación efectiva y la no repetición», aseguraron Mohamed Al-Obaidi, Aua Baldé, Grazyna Baranowska, Gabriella Citroni, Ana Delgadillo Pérez, Bernard Duhaime, Alice Jill Edwardss, Morris Tidball-Binz y Alexandra Xanthaki, firmantes del documento.
Soy comunicador visual y social. Hace más de 30 años descubrí la magia de la radio y, desde entonces, la disfruto como escribir, una stout o el fútbol. Profe de Análisis Crítico de los Medios, Marketing Digital, Medios Digitales y Gestión de Emprendimientos. Empezar de cero es volver a ponerle el máximo de energía y entusiasmo a cada proyecto o desafío.
