Brasil: protestas “nao tem fin”

En el “gigante del Sur” la rebelión invadió las calles. En respuesta a un aumento de tarifas del transporte, la población brasileña, tras algunos años de pasividad, salió a protestar en la mayor movilización popular contra un gobierno desde el regreso de la democracia.

Solo unos meses atrás, todas las miradas estaban colocadas en Brasil, el país que andaba de maravillas. Era hasta hace pocos días el árbitro y gran aglutinador político de la región, al calor de su fervorosa economía industrial: un modelo a seguir por los países emergentes. El “país de la alegría” se convirtió en un país de furia e indignación popular.
En un abrir y cerrar de ojos,  la gente se despertó y las protestas, sin aviso ni escalas, se generalizaron hasta alcanzar a 100 ciudades del país. En Río de Janeiro, 300 mil personas ganaron las calles ocupando, a lo largo y ancho, las principales avenidas como Cinelandia. San Pablo, epicentro de los reclamos, fue colmada por una impresionante movilización (más de 100 mil personas en la mayor de las jornadas) a través de la principal arteria comercial que reclamaba por los aumentos en el transporte, los desmesurados gastos premundialistas, contra la represión policial y por mayor inversión en los principales servicios públicos: salud y educación. La gente se desplazaba por las avenidas con el apoyo en solidaridad de comerciantes, empleados y la población en general. Un fenómeno nunca visto en los últimos años conmocionó a América Latina.

“O mais grande…” manifestación
Las protestas comenzaron el 7 de junio pasado, aprovechando el inminente inicio de la Copa Confederaciones, antesala de la Copa Mundial FIFA 2014, que sirvió de vidriera global del reclamo. Las medidas fueron organizadas, en un principio, por estudiantes y jóvenes de clase media, muchos de los cuales crearon el Movimiento por el Pase Libre (MPL), surgido en 2005 para frenar las subas de boletos.
La primera marcha fue pacífica y ordenada. El jueves 14 la gente volvió a movilizarse con la misma pasividad, pero la respuesta de la policía fue una brutal represión que dejó varios heridos, lo cual potenció el reclamo de los jóvenes que vienen soportando un modelo de represión institucional heredado de los gobiernos “neoliberales” y continuado por Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff.

Nuevas impactantes marchas se repitieron sin cesar en varias ciudades. El martes 18, desde la periferia, en las márgenes suburbanas de la capital paulista, se sumaron organizaciones como el Movimiento Periferia Activa y el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, en una de las mayores concentraciones, que superó las 20.000 personas y llegó a las residencias del poder político: las intendencias. Allí la rebelión alcanzó al cordón industrial Paulista, base de poder de Lula en los ochenta. También contó con la participación de sindicatos obreros, especialmente de Conlutas (Coordinación Nacional de Luchas), una coordinadora que nació en 2004 desde la oposición de los sindicatos tradicionales y movimientos sociales descontentos con las estructuras sindicales burocráticas que crecieron de la mano del gobierno de Lula.
Ante este despertar, el intendente de San Pablo, Fernando Haddad (PT), y el gobernador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB aliado al PT), anunciaron una marcha atrás en el tarifazo. Pero era tarde. El jueves 20 fue el “día D”. Las ciudades involucradas llegaron a un centenar: Curitiba, Belo Horizonte, Belém, Maceió, Salvador, Porto Alegre, Fortaleza, Río de Janeiro, San Paulo, Brasilia, entre otras. En números: 20.000 personas en Bahía, más de 100.000 en Recife, 300.000 en Río de Janeiro, 60.000 en Manaos, y en total llegaron al millón en todo el país. Las columnas eran impresionantes, la sorpresa, absoluta. La composición social terminó siendo más heterogénea: esta vez se vieron jóvenes, estudiantes y trabajadores, no solo de clase media, sino de todas clases sociales.
En estas movilizaciones también asomaron sus banderas algunas organizaciones tradicionales, incluido un sector del Partido de los Trabajadores (PT), la Central Única de Trabajadores (CUT) y la Unión Nacional de Estudiantes (UNE). Pero los manifestantes los abuchearon cuando advirtieron su presencia, al igual que lo hicieron con la presidente Dilma Rousseff en la inauguración de la Copa Confederaciones.
Esta jornada finalizó con el saldo lamentable de dos muertos: un joven de 18 años atropellado por un auto que no frenó frente a los cortes y una mujer que sufrió un paro cardíaco luego de ser alcanzada por una bomba molotov.

Unos de los blancos de las críticas fueron los estadios de fútbol, debido a los desorbitantes gastos en los preparativos de la Copa del Mundo del año próximo, como es el caso del Mané Garrincha de Brasilia o el escenario de Brasil-México en Fortaleza, donde 40.000 manifestantes se enfrentaron con las tropas de élite que no ahorraron en balas de goma y gases lacrimógenos. Hasta se vieron policías usando armas de fuego para frenar las protestas. Los centros de poder tampoco quedaron afuera de la bronca. En la capital nacional, estudiantes ocuparon la rampa de acceso al Palacio del Planalto (sede del Gobierno Federal) y rodearon el Congreso. Hasta el Palacio Itamaraty, el edificio diplomático, recibió una bomba incendiaria en el segundo piso donde se aloja el canciller.
En general, las movilizaciones fueron compactas y en calma, salvo algunos hechos aislados de violencia cometidos por grupos anárquicos, poco representativos, los cuales fueron en muchos casos frenados por los mismos manifestantes. Pese a esto, desde el principio, el gobierno de Dilma Rousseff desplegó un gran operativo de represión de la protesta social, con la policía, las tropas especiales y hasta al ejército para mantener el control de las situación. Lo único que consiguió fue la radicalización de las manifestaciones. La juventud se movilizó por un agravamiento general de sus condiciones de vida (trabajo, salario, transporte, salud y educación) incluyendo este Estado policial con represión en barrios, escuelas y universidades.
En cambio, por las calles de San Pablo, durante las marchas la gente saludaba a las columnas desde los balcones y las ventanas de los edificios. Los choferes de ómnibus hacían sonar sus bocinas en respaldo y los pasajeros aplaudían sin parar. Una mujer de 36 años, que trabaja en el hospital Sao Luiz y salió de su puesto para ir a una marcha matutina, comentó: “Mi jefa sabe que estoy aquí y ella me apoya. Sabe cuánto sufro por culpa del mal transporte de ómnibus”.
Al igual que en las manifestaciones de Turquía y Egipto, en Brasil el descontento explotó de manera repentina a partir de un elemento detonante que desencadenó un cuestionamiento a la orientación social de todo el sistema político, un estallido que se estaba cocinando a fuego lento.

El detonante y las causas de la rebelión
El catalizador de las protestas, en este caso, fue la decisión del gobierno de aumentar las tarifas de trenes, subtes y colectivos públicos de San Pablo de 3 a 3,20 reales (US$1,5 a 1,6). Estos pasajes se encuentran entre los más caros del mundo, lo cual no se condice con su estado de funcionamiento en retroceso. Osvaldo Coggiola, profesor de la Universidad de San Pablo, señala que en 2004 en esa ciudad había 14.100 ómnibus en circulación, con 200 mil viajes diarios; cuando hoy a duras penas llega a 13.900 con 193 mil frecuencias. Más gente, menos servicio.

En un país donde la desigualdad es ley, los más pobres que viven en los suburbios tardan entre 2 y 3 horas en llegar a sus trabajos. El geógrafo brasileño Hervé Théry explica que mientras en Europa la disparidad es de 1 a 5, en Brasil es de 1 a 100. “En San Pablo, el 10% de la población vive en villas miserias, en la periferia de la ciudad. En Río, el 25% de la población vive en ese tipo de barrios”.
La inversión pública en infraestructura corre muy por detrás del crecimiento económico del país que supo ubicarse en el 5° puesto de las economías mundiales. La salud y educación presentan brutales deficiencias y quedaron relegadas de las prioridades. Según un informe de la CEPAL, la brecha entre la inversión en infraestructura de transporte y logística y el crecimiento es “evidente y acumulativa”, y está amenazando la continuidad de este crecimiento.
Todo esto sucede luego de la “década ganada” versión carioca. Un éxito que el “relato” exageró, como explica el profesor de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, José Mauricio Domingues: «Durante el lulismo, se vendió una idea de Brasil que no es la realidad. La historia del éxito de Brasil es una historia de éxito de marketing. No hay duda de que el país mejoró en los últimos 20 años, pero no es aquel paraíso que fue representado por la propaganda oficial”. A esto contribuyeron todos los gobiernos latinoamericanos, de izquierda a derecha, quienes se movían al compás de esta samba. Brasil servía de guía espiritual de la región.
Pese a este fenomenal crecimiento económico, la participación de los trabajadores en las ganancias devengadas de la producción de la riqueza social (PBI) no creció en la misma escala, al contrario, se ha mantenido muy por detrás frente a los beneficios obtenidos por el capital (empresarios), ratificado por cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su último informe 2012/2013. Estos datos demuestran una subordinación de la clase trabajadora en este crecimiento, lo que pone en evidencia los intereses de un modelo de desarrollo. Los trabajadores, en general, por ley trabajan 48 horas semanales (jornadas de más de 9 horas diarias), una cifra superior a lo que marca la mayoría de los convenios laborales en Argentina (que igualmente están lejos de cumplirse). En épocas de crisis esto se manifiesta con dureza: la más perjudicada suele ser la población que trabaja, lo cual puede devenir en un proceso creciente de movilizaciones.

Esto se ratifica en los últimos meses. Las protestas se dan en el marco de una economía que comenzó a enfriarse y parece ingresar en una fase de estancamiento, problema con el cual tendrá que lidiar Rousseff antes de las elecciones. El país crece menos y se prevé un retroceso del 4%, estimado a fines del año pasado a solo un 2,5. La inflación asoma con fuerza, alcanzando un 6,5% que supera en 2 puntos porcentuales el límite prefijado por el ministro de Economía, Guido Mantega. El real está enfrentando una devaluación en ascenso frente a un dólar amenazante.
Estos índices se traducen en un creciente costo de vida que está erosionando el poder adquisitivo de esta nueva clase media y que afecta, sobre todo, a la población de más bajos recursos. El gobierno dice que ha logrado sacar de la pobreza a casi 30 millones de personas, pero hoy estas personas de la nueva clase media están fuertemente endeudadas como consecuencia de un modelo de consumo que la llevó a contraer créditos usurarios, para enfrentar las condiciones de vida, por ejemplo, de los altos aranceles de la educación privada que crece al ritmo del derrumbe de la instrucción pública, lo que plantea un dilema acerca de la orientación de los recursos en pleno auge económico. Hoy esta emergente clase media corre riesgo de perder este status social. Al margen de que todavía queda un amplio sector que padece hambre y miseria por debajo de la línea de la pobreza (cerca de 18 millones de brasileños).
La distribución del ingreso es otro de los problemas actuales que persisten en Brasil. Según un artículo del periódico inglés The Guardian, está en el “top ten” mundial de los países más desiguales y es el más inequitativo del G20 junto a Sudáfrica. La nota sostiene que el modelo de crecimiento económico brasilero no contribuyó a crear un estado de bienestar. Aquí emergen los límites y contradicciones del modelo que promulgaba el milagro brasileño.
Al mismo tiempo, esta situación contrasta con los casi 15 mil millones de dólares que se están destinando a la preparación de la Copa del Mundo 2014, y las sospechas escandalosas de corrupción en torno a su organización. Se estima que la FIFA sacará alrededor de 1,8 miles de millones de dólares en concepto de ganancias tras la competencia. La corrupción es un problema endémico y estructural de Brasil que se repite a lo largo de su historia y alcanza a todos los resquicios del Estado: Lula tuvo el escándalo del “Menselao” y Dilma ya echó a 7 ministros.

Este contraste plantea un problema de orientación social del gobierno. Una lectura interesante es la que se pregunta: ¿por qué hay dinero para hacer un estadio multimillonario y no para la inversión pública en Salud y Educación necesaria? Se podría responder que existe una organización económica y social que privilegia las inversiones en el lucro privado, en lugar de atender a las necesidades sociales. La FIFA ya anunció la continuidad de la Copa y el Mundial, quiere garantizar el negocio. El gobierno anticipó que para asegurar su desarrollo podría movilizar al Ejército.
En una posición diametralmente opuesta, los jóvenes, estudiantes y trabajadores salieron a protestar contra esta orientación de los recursos y lo hicieron con una asombrosa creatividad. Es ilustrativa la pancarta desplegada por los manifestantes que dice: “Brasil tenemos que acordar. Un profesor vale más que Neymar”. Por eso, tras luego de dos semanas, continúan las protestas desde el detonante inicial: en el fondo el reclamo es contra todo el sistema político. Las manifestaciones son el resultado, el síntoma más evidente, de todos estos problemas que reflejan las contradicciones del modelo.
El gobierno tira la piedra de la iniciativa, pero esconde la mano
El escenario planteado por las protestas es nuevo para el gobierno. Las mismas se caracterizan por un predominio de una nueva clase media, sobre todo una clase media-baja, y se mueven por fuera de las estructuras tradicionales fomentadas por el “lulismo”: los partidos políticos y sindicatos. Por eso se ve a la población civil, los sindicatos alternativos, los movimientos sociales y los partidos de izquierda al comando de este movimiento. Lo impresionante es que fueron espontáneas y, al mismo tiempo, coordinadas.
Esta situación se da luego de varios años de retroceso democrático al interior de estas estructuras, constituyendo burocracias poco participativas. Esto le permitía al mismo gobierno una impermeabilidad frente a los posibles levantamientos que podría generar una eventual crisis económica. Por eso la actual demanda de la gente de mayor democratización del sistema político. Pero no alcanza. El sistema político no es un fin en sí mismo sino una herramienta para la transformación social, es decir, una intervención más profunda en la economía.
Frente a esto, el gobierno respondió de manera difusa. Al principio trató a los manifestantes de “vándalos”. Pero al poco tiempo, frente a la magnitud de la protesta, tuvo que admitir su legitimidad: “Como presidenta tengo que oír la voz de la calle”, dijo Rousseff en sus primeras apariciones. También anunció un “pacto nacional” para mejorar los servicios públicos, prometió cambios y expresó que “las formaciones partidarias tienen que ser oxigenadas”. Así reconoció de una manera curiosa las falencias del gobierno, aunque corriéndose un poco del foco de las críticas.
Si intentó pacificar los ánimos, no fue muy eficaz. Las marchas prosiguieron sin menguar su convocatoria. Al día siguiente 70.000 personas volvieron a marchar en Belo Horizonte, donde hubo fuertes choques con la policía, que volvió a reprimir.

Para avanzar en el “pacto social”, Rousseff reunió de manera urgente a 27 gobernadores con el fin de evaluar los cambios, que asistieron a granel asustados por la dimensión del caso. La Presidente prepara una serie de medidas, como mayor inversión en salud, educación, transporte y elevar las penas para funcionarios corruptos. En ese sentido, planteó públicamente un plebiscito para modificar la Constitución con el objeto de una reforma política socialmente más permeable. Previamente se reunió con los líderes del movimiento donde se analizaron varias propuestas. Como resultado, ingresó en debate en el Congreso un proyecto de ley que destina 140.000 millones de dólares de la renta petrolera en 10 años para Salud y Educación. El texto tratado es de un diputado del Partido Democrático Laborista y ya fue aprobado en la primera instancia.
Sin embargo, por consejo del Presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Dilma Rousseff analiza no llamar a un plebiscito para convocar a una Asamblea Constituyente para la reforma política, ya que “insumiría mucho tiempo y atrasaría los cambios”. La advertencia de esta organización en realidad subraya los riesgos “institucionales” que acarrearía una reforma de la Constitución, evitando una transformación más profunda. Lo que corre peligro, en este caso, es el status quo del sistema. El gobierno ya se habría “convencido” de esto.

Las protestas pusieron de manifiesto las serias deficiencias del modelo brasilero (ícono de los países emergentes) en términos económicos y una crisis política de conjunto y al interior del PT. La Presidente se quebró y su aparato se disgregó: su juventud se abrió al participar de las marchas y la CUT (oficialista) también asistió y convocó a un plan de lucha para los primeros días de julio. Pero el PT y la CUT quedaron pegados al oficialismo. La revuelta brasilera recién está ingresando al sambódromo, al ritmo marcado por Turquía y Grecia. Su carnaval ya está teniendo un enorme impacto internacional.
Nota elaborada especialmente para .cero por Damián Mugnolo.