Esta semana se cumplieron dos años del estallido social en Chile y, a través de un informe presentado por Amnistía Internacional, se expuso la responsabilidad penal de los mandos de Carabineros por los crímenes cometidos durante la represión en las protestas de 2019.
Si bien el progreso de las demandas es lento, Amnistía insiste en que se debe investigar a toda la línea de mando, incluso en el nivel más alto.
En este sentido, el informe presentado a los funcionarios judiciales analiza la responsabilidad penal individual de los superiores que no evitaron o denunciaron el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la institución. Asimismo, se denuncia que estos mandos habrían obstaculizado de forma deliberada el acceso a la información a la Fiscalía, perpetuando la impunidad.
Un hecho ejemplificador acerca del encubrimiento y el respaldo ante estas prácticas es el del entonces Director de Orden y Seguridad de Carabineros, investigado por su rol durante el estallido social, y posteriormente ascendido al puesto máximo de la institución como Director General. Acción que fue avalada por el discurso desde el Poder Ejecutivo, que demonizó a los manifestantes como un enemigo poderoso, organizado y despiadado, y que acompañó dicha actitud con un posterior respaldo irrestricto a la fuerza policial.
Al respecto, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, señaló: “Hace dos años, miles de personas en Chile salieron con valentía a las calles para demandar una mayor igualdad y otros derechos humanos como una pensión digna, vivienda, educación y salud pública de calidad. La respuesta de las autoridades fue entonces una violenta represión y la criminalización de la protesta social”.
Por su parte, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, dijo: “Miles de víctimas podrían hoy contar una historia diferente si no fuera por la omisión deliberada de los mandos de Carabineros que permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos contra manifestantes para lograr dispersarles a toda costa o detenerles sin las debidas garantías”.
Para finalizar, es imperioso recordar que, a marzo de 2021, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Derechos Humanos chilenos contabilizaban más de 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular.
