Luego de transcurridos más de dos años desde las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, se dieron a conocer testimonios acerca de los casos de abuso, violación y tortura a jóvenes arrestados entre los meses de abril y agosto de 2018, cuando Nicaragua vivió tiempos de crisis social y marchas contra la gestión de su presidente.

«Nosotros presenciamos cómo violaban a las chavalas. A unos los ponían de frente y les cortaban tal vez un dedo, los amputaban, les quitaban las uñas o les metían cuestiones dentro del ano (…). Usted podía ver a través del vidrio lo que les estaban haciendo a los chavalos», declaró una de las 18 personas (10 mujeres y 8 hombres) que revivió su traumática experiencia al Tribunal de Conciencia en Costa Rica, impulsado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso, organización no gubernamental (ONG) creada por el expresidente y Nobel de la Paz, Óscar Arias.

Aunque la mayoría de los jurados y peritos asistió en forma virtual, el tribunal sesionó en un hotel en la capital tica, San José, donde pudieron conocer los testimonios del caso. De la misma manera, las y los sobrevivientes siguieron la instancia -sin revelar públicamente sus nombres- a través de las redes sociales.

«Empezaron a golpearme con los puños y patadas. Me tiraron al piso y me violaron dos de los tres hombres encapuchados. Mientras unos me violaban el otro me apuntaba con el arma. Yo sentía que quería morirme, ellos estuvieron como una hora mientras me abusaban», declaró una de las jóvenes sobre lo sucedido luego de su arresto en las calles de Nicaragua durante el estallido social. «La única mujer que no fue violada sexualmente fue porque no sabía que estaba embarazada, tuvo un aborto involuntario por los golpes que recibió y, en virtud de las hemorragias, no se atrevieron a violarla, pero sí la obligaron a ver cómo violaban a su compañera de celda», reveló otra de las personas que ofrecieron su testimonio.

Todos y cada uno de los relatos aseguraron haber sido violentados de múltiples formas por parte de las fuerzas que responden al gobierno de Ortega, principalmente en la cárcel El Chipote, en Managua. Vale mencionar esta ubicación porque, precisamente, diversos organismos denuncian que se trata de un centro de tortura. Además de Managua, los acontecimientos también se dieron en Chinandega, Masaya, Jinotepe, Mateare, Granada, Estelí y la Comarca Reitón.

Finalmente, el Tribunal de Conciencia dictaminó que «no hay duda que el Estado nicaragüense cometió el delito de tortura mediante el abuso sexual y la violación de mujeres y hombres bajo la custodia de las fuerzas policiales y parapoliciales», de manera «sistemática por agentes del Estadio contra la población civil», «constituyendo, por tanto, un crimen de lesa humanidad».

Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) incorporó denuncias en conjunto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que elaboró un documento sobre lo ocurrido del 18 de abril al 21 de agosto de 2018, con un saldo de más de 300 muertos como consecuencia de la represión estatal y cientos de «presos políticos», además de 88.000 exiliados, según detalla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tortura física, psicológica y sexual

Entre los textos que se destacan en el dictamen, se cita a ACNUDH en varias oportunidades: “Las protestas en abril de 2018 son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de Derecho”. “Ortega-Murillo no cumplieron con los estándares internacionales aplicables a la gestión de manifestaciones y huelgas, violando el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”. “Elementos armados parapoliciales y progubernamentales, conocidos como ‘grupos de choque’ o ‘turbas’, que actúan en complicidad de las autoridades oficiales, desde el más alto nivel de la Policía Nacional y del Gobierno». «‘Operación limpieza’: se da una ola de arrestos colectivos, esta vez dirigidos a personas que presuntamente habían participado en las manifestaciones o eran parte de grupos opositores al Gobierno. Los cuales fueron trasladados a centros de detención clandestinos por varios días, para luego ser trasladados a estaciones policiales o prisiones como El Chipote, La Modelo o La Esperanza».

Al respecto de los abusos, el dictamen enumera «tortura física: ejercicios físicos extenuantes, golpes con los puños y patadas, golpes con objetos (macanas antidisturbios conocidos en Nicaragua como ‘amansa bolos’), golpes con pistolas y culata de fusiles, extracción de uñas de pies y/o manos, con tenazas o instrumentos corto punzantes, golpes en los brazos con culatas de fusiles o amansa bolos, golpes en las costillas, quebradura de dientes, fractura de quijada, fractura de narices, simulación de asfixia mecánica, ahogamiento simulado entre otros; tortura psicológica como: obligarlos a presenciar las torturas de otras personas, lanzarles orines y excrementos, suspenderles agua y alimentos por tiempo prolongado, amenazas de asesinarlos/as o desaparecerlos/as, amenazas de capturar, secuestrar o asesinar a los familiares, sobre todo a las hijas/os menores de edad entre
otras; y tortura sexual por medio de: violaciones carnales anales, violaciones carnales vaginales, violaciones anales y vaginales con objetos (cañones de fusiles, escopetas, pistolas, macanas antidisturbios o ‘amansa bolos’), violaciones múltiples de tres y más perpetradores (un caso de15 sujetos violando a una prisionera), quema de genitales con ácido (posiblemente acido de batería), en casos, donde las mujeres fueron obligada a abortar producto de las violaciones o utilizando suero abortivo, desnudar a las personas capturadas ya sea delante de sus captores o delante de otros capturados, amenazas de ser violados, tanto hombres
como mujeres entre otros».

«Reparación del daño»

«En este apartado se proponen una serie de medidas de reparación integral del daño, si bien resulta difícil hablar de medidas de esta índole en un contexto de impunidad y control de las instituciones del Estado por el gobierno. En el contexto actual, estas medidas pueden ser vividas como un nuevo agravio, intimidación o intentos de silenciar a las víctimas en su búsqueda de justicia. Es por esto que las medidas de reparación se plantean en el marco de un proceso de transición a la democracia, en el que se reconozca la dignidad de las víctimas. Se recomienda el establecimiento de un Programa Administrativo de Reparación Integral del Daño, que incluya tanto las medidas de rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y compensación. Se hace especial énfasis en la necesidad de atención de los niños y niñas. Por otro lado, estas medidas deberán tener un enfoque transformador de las relaciones desiguales de género que producen la violencia y discriminación contra las mujeres y la población LGBTTTIQ+. Cabe señalar que para que estas medidas tengan un sentido reparador para las víctimas, deberán llevarse a cabo con la participación y el acuerdo de estas, así como la Inclusión de sus voces en cualquier proceso de transición a la democracia», concluyó este viernes la resolución del Tribunal.