Tal como sucedió hace apenas un mes, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) volvió a penalizar a la compañía distribuidora de servicio energético Edesur con un importe que ronda los 168 millones de pesos.

En el mes de julio e impulsado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, la entidad había multado a la empresa por no atender servicios comerciales a sus usuarios en 2017 y, en esta ocasión, se debe a incumplimientos en materia de seguridad pública en los dos años posteriores. Además, nuevamente se incluye la falta de respuesta de Edesur.

Con la verificación de más de tres mil casos, y «en consideración el reclamo de usuarios y usuarias, los informes presentados por la distribuidora y los resultados de las inspecciones llevadas adelante por el organismo” se dio curso a las resoluciones 85, 86 y 87 para que Edesur pague 167.812.000 pesos por anomalías en la seguridad en la vía pública y requerimientos informativos solicitados por ENRE.

Los reclamos continúan y desde la Defensoría se pidieron «medidas drásticas» ante la falta de inversión y los reiterados cortes en el servicio en territorio bonaerense. Incluso, se instó a quitar la concesión de Edesur, a la que adhirieron algunos intendentes como Mariano Cascallares (Almirante Brown), Marisa Fassi (Cañuelas), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Mayra Mendoza (Quilmes), Juan José Mussi (Berazategui) y Andrés Watson (Florencio Varela), además del presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermin.

Al respecto, desde la entidad que comanda el interventor Federico Basualdo Richards, se comunicó que «las resoluciones emitidas se enmarcan en el trabajo que se lleva adelante para brindar respuesta a los más de 40.000 reclamos que quedaron pendientes de la gestión anterior”, porque “las funciones de control del ENRE tienen por objetivo no solo imponer sanciones a las distribuidoras bajo su jurisdicción, sino también disuadirlas de desplegar conductas que pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía”, concluye el comunicado.