Dos años de pandemia alejaron a los colectivos, organizaciones y asociaciones de las calles, ese lugar estratégico en donde se fueron tejiendo lazos fuertes en la comunidad cannábica argentina. Este sábado 7 de mayo vuelven a las calles de todo el país para reclamar por la derogación de la Ley 23.737 del régimen legal de estupefacientes y la regulación integral del cannabis con la consigna clara y contundente: «Marihuana legal para todes».
Desde las organizaciones se replican demandas y peticiones. Los colectivos reclaman que la sanción de la norma, que promete hacer una industria del cáñamo y el cannabis medicinal, no puede convivir con personas presas por delitos asociados al consumo de drogas ilegalizadas y por plantar marihuana para uso personal. Por eso exigen amnistía y reparación para todas las víctimas del prohibicionismo, en especial para las mujeres y la población travesti trans, encerradas por delitos menores y no violentos incluidos en la ley de drogas.
Desde hace casi 50 años, en Argentina los usuarios conviven con normas penales que violan derechos básicos como la privacidad y el libre desarrollo de la personalidad. Las y los argentinos conviven con leyes que criminalizan y obstaculizan el acceso a los servicios de salud para quienes tienen consumo problemático, con normas que reconocen y amplían derechos como la Ley 26.657 Nacional de Salud Mental o la Ley de Cannabis Medicinal Ley 27.350. Esta situación es grave y precisa, al menos, de la capacitación de las policías provinciales, las fuerzas federales, los ministerios públicos y el Poder Judicial.
Además, quienes utilizan marihuana para fines terapéuticos enfrentan hoy problemas de acceso para la inscripción al Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). Ni el sistema público de salud ni las obras sociales ni las prepagas cumplen con la ley. Esto significa que tienen que pagar de su bolsillo consultas privadas para registrarse. Por eso reclaman que los hospitales y centros de salud faciliten la inscripción al REPROCANN para que esté al alcance de todos.
Este año, ante los avances en materia de producción de cáñamo y cannabis medicinal, exigen el acceso a trabajo genuino y subvencionado para insertar competitivamente al sector cannábico. Así como el reconocimiento de la calidad de los fitopreparados de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), cooperativas y productores. En este contexto de rápido desarrollo productivo, creen que es importante promover el acceso a servicios de cualificación y cuantificación de perfil cannabinoide.
Por último, entre otras demandas que serán detalladas en el documento final consensuado que será leído en las distintas marchas, exigen que la estrategia de reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades llegue a todos los niveles educativos. «La información salva vidas, no lo olvidemos. Generar estrategias comunicativas para llegar de manera pedagógica a diferentes niveles educativos debe ser una decisión política», replican desde la organización de la marcha.
