Emergencia en la Ciudad

Luego de un debate de casi 3 horas, este jueves se aprobó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la Ley de Emergencia Económica y Financiera. La misma tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de este año y abarca al Poder Ejecutivo tanto como al Legislativo y Judicial.

Aprobada por 38 votos contra 21, el proyecto presentado hace dos semanas intentaba otorgarle al Gobierno de la Ciudad (GCBA) la facultad de pagar los salarios de las personas que trabajan en el sector público de manera escalonada si las cuentas reflejaban falta de liquidez. Esto despertó una serie de críticas que demoraron la sanción hasta que no fuera desestimado este punto. Y así sucedió. Aunque en el nuevo documento no se menciona la locación de servicios, por lo que en el debate se dejó en claro que «hay aún 18 mil puestos de trabajo en peligro», como expresó Myriam Bregman en el recinto (hubo un mix de parlamentarios presentes y otros con un sistema de sesión virtual).

Además, la ahora ley le brinda al Jefe de Gobierno la potestad de reasignar partidas presupuestarias y revisar contratos de bienes y servicios en virtud de la crisis sanitaria que afronta la Ciudad de Buenos Aires, al igual que todo el territorio nacional, debido a la pandemia de coronavirus en la que está sumergida el mundo entero.

Asimismo, la normativa permite que se revisen todos los programas e iniciativas y se puedan suspender o postergarse todos aquellos que sean considerados no esenciales ni indispensables en el contexto en el que se encuentra la capital. También se aprobó un descuento y bonificaciones de hasta 30% en el pago de los impuestos anticipados por Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y Patente Vehicular.

Además, se suspenden los premios salariales o bonos, y las medidas cautelares y ejecuciones fiscales, por lo que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) no podrá iniciar procesos hasta dentro de un mes. Tampoco ninguno de los tres poderes van a incorporar personal a menos que se trate del área de Salud.

Críticas de la oposición

En el momento de intervención, la legisladora del Frente de Todos, María Rosa Muiños, alertó que «el Poder Ejecutivo ordena de dónde van a sacar los recursos pero no dice a dónde van». En la misma línea, Cecilia Segura manifestó que «la ley plantea la creación de una Comisión de Fiscalización pero con mayoría oficialista y presidida por un diputado o diputada también oficialista. Más que de fiscalización, esta es una comisión de convalidación de la impunidad». «La discrecionalidad, la falta de especificación sobre el destino de los recursos y la no priorización de atender a los más vulnerables es lo que nos lleva a no poder acompañar este proyecto», dijo Javier Andrade al argumentar el motivo de los votos en contra por parte de la oposición local.

De esta manera, los 38 sufragios positivos provinieron de los bloques de Vamos Juntos, Partido Socialista, UCR-Evolución, Consenso Federal y GEN. Por el contrario, el Frente de Todos, Autodeterminación y Libertad y el Frente de Izquierda contabilizaron los 21 votos en contra.