A causa de las irregularidades en la asignación de ayudas familiares, el gobierno de los Países Bajos presentó este viernes su renuncia en bloque.
Precisamente el mandatario, líder del Partido del Pueblo por la Libertad y la Democracia, Mark Rutte, asumió la responsabilidad por las denuncias de corrupción y dio un paso al costado en conjunto con el gabinete, a solamente dos meses de su asunción en el cargo.
Lo acontecido en tierras neerlandesas es que acusaron falsamente a personas de haber recibido lo que comúnmente conocemos como asignaciones familiares y fueron obligadas a devolver los importes, hecho que empujó a situaciones de profundas crisis económicas personales. Además, fueron señalados en particular aquellos beneficiarios con familias migrantes y con diferencias étnicas o con doble nacionalidad. Esto despertó fuertes críticas al gobierno liberal de Rutte por la evidente tendencia xenófoba y racista.
Al respecto, el primer ministro saliente, Rutte, comunicó en conferencia de prensa la decisión: «El estado de derecho debe proteger a sus ciudadanos frente al ubicuo poder del Estado… y esto aquí funcionó terriblemente mal».
De esta manera, los Países Bajos suman un nuevo dolor de cabeza a dos meses de realizarse elecciones parlamentarias el 17 de marzo, mientras la pandemia de coronavirus se recrudece (con 895.687 casos totales, 12.774 muertes y 47.000 personas vacunadas) y provocó la medida gubernamental de posponer todas las actividades no esenciales hasta el próximo 9 de febrero.
