Durante el debate de moción de censura este 5 de noviembre en Bogotá DC contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el que le cuestionan su actuar en el cargo, el senador del Partido de La U, Roy Barreras, dio a conocer un informe en el que, según la denuncia, fallecieron siete menores de edad en un bombardeo registrado por el ejército, que iba dirigido a las FARC y sus disidentes.
Mientras el mundo no aparta sus ojos de Argentina, su loca y decadente economía; de Chile y su levantamiento estudiantil y civil; o Brasil y la vuelta a la libertad de Lula Da Silva, países como Colombia se hallan agobiados hace décadas por la violencia y se sumen en un silencio de miedo y olvido.
Vuelven los bombardeos
El pasado 2 de septiembre, el ejército bombardeó un campamento guerrillero en la región de Caquetá, donde murieron el líder Rogelio Bolívar Córdoba, alias Gildardo Cucho, y 13 seguidores. Ocho eran niños y niñas entre 12 y 17 años, según las investigaciones forenses.
El silencio otorga
Hasta ayer, Botero había ocultado la información a las autoridades legislativas. El Congreso decidió celebrar una audiencia para investigar el posible fraude informativo y emitir una moción de censura contra Botero. Fue en ese momento cuando el ministro admitió que entre las víctimas sí se encontraban ocho menores.
El senador del Partido de La U, Roy Barreras, durante su exposición señaló que el ministro en septiembre pasado dijo que «son 14 los delincuentes muertos en desarrollo de las operaciones militares en el Caquetá contra las disidencias del GAO Residual». Y agregó: «Y nos mostraron las imágenes de los 14 disidentes en bolsas».
Pero, contrario a esa información expuesta por el jefe de la cartera de Defensa, Barreras mostró un informe de Medicina Legal, «no conocido», publicado el 19 de septiembre pasado en el que, claramente, dice que en esa operación fallecieron siete niños.
«Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó siete niños y murieron siete niños», le dijo Barreras a Botero y, además, cuestionó que no se sabe si hubo más menores muertos, pues «los otros cuatro cuerpos llegaron tan despedazados, que las pruebas técnicas permitieron decir que tenían menos de 20 años».
Renuncia mata censura
Ante el riesgo de convertirse en el primer ministro de la historia de Colombia censurado por el Legislativo, Botero presentó su renuncia después de la audiencia y del consentimiento expreso del presidente, Iván Duque.
Precisamente, Duque mostró su apoyo a Botero asegurando que la operación fue llevada a cabo de forma «estratégica, meticulosa e impecable» por las Fuerzas Armadas, a quienes señaló como «héroes» de Colombia por el desempeño contra una «cuadrilla de narcoterroristas».
Vuelven los falsos positivos
Este es el nombre con el que la sociedad civil colombiana denominó al involucramiento de miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles no beligerantes o ejecuciones extrajudiciales, haciéndolos pasar como bajas en combate.
Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de combate en el período de 2006 a 2009 durante el programa de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida.
Según el informe «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado» que la Fiscalía General le entregó a la Jurisdicción Especial de Paz en agosto del 2018, ascienden a 2.248.
Denuncias ante la ONU
El 27 de mayo de 2010 Philip Alston, relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, en informe presentado tras su visita a Colombia, en junio de 2009, denunció que existe «un patrón de ejecuciones extrajudiciales» y que la impunidad abarca el 98,5% de los casos. El informe señala en varios apartados textualmente lo siguiente.
«Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país. Aunque estos asesinatos no fueron cometidos como parte de una política oficial, encontré muchas unidades militares comprometidas con los llamados ‘falsos positivos’, en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados. Generalmente, las víctimas fueron atraídas bajo falsas promesas por un reclutador hasta una zona remota donde eran asesinadas por soldados, que informaban luego que había muerto en combate y manipulaban la escena del crimen».
