La última dictadura cívico militar, de la cual se cumplen 50 años este martes, no se explica únicamente por la situación política interna de la Argentina.
Un elemento fundamental para comprender el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, y especialmente el genocidio llevado a cabo a través del plan sistemático de desaparición forzada de personas, es el plano internacional. Más precisamente, el denominado Plan Cóndor: el esquema de coordinación represiva que impulsaron las dictaduras del Cono Sur con auspicio de Estados Unidos y que tuvo en el terrorismo de Estado a su principal instrumento para llevar a cabo sus objetivos.
Una instancia importante del apoyo de la administración de Gerald Ford se produce el 26 de marzo de 1976, apenas 48 horas después del Golpe, con la reunión de Henry Kissinger y el subsecretario de Estado norteamericano, William Rogers, quienes abordan la situación política en Argentina tras el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón.
Allí, Kissinger planteó la necesidad de que Estados Unidos apoyara a la Junta Militar por su decidida lucha anticomunista y por su tendencia a favorecer a los capitales estadounidenses, de la mano del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, de vínculo aceitado con David Rockefeller. Rogers mostró cierta preocupación. Así lo cuenta el reconocido periodista Jon Lee Anderson en un artículo de 2016: «Pienso que tendremos que esperar un grado de represión bastante alto, probablemente una gran cantidad de derramamiento de sangre en la Argentina dentro de muy poco tiempo. Pienso que van a aplicar mano muy dura no ya para con los terroristas sino, también, con los disidentes gremiales y partidos políticos». A lo que Kissinger le contestó: «Entonces tendremos que apoyarlos en todas las posibilidades con que cuenten […] porque realmente los quiero apoyar. No deseo aparecer como que los Estados Unidos los estén acosando…».
Tiempo después llegaría el encuentro entre Kissinger y César Guzzetti, canciller de Jorge Rafael Videla. «Estamos siguiendo de cerca los eventos en Argentina. Esperamos que al nuevo gobierno tenga éxito. Vamos a hacer lo posible para que tenga éxito. Entendemos que deben ustedes adoptar una posición de autoridad. Si existieren cosas que deben ser hechas, deberán hacerla», le dijo Kissinger a Guzzetti en aquella reunión bilateral en Santiago, Chile, tal como consta en los documentos desclasificados en 2004. Posteriormente, en agosto de 1976, Kissinger encomienda al embajador de Estados Unidos en Argentina, Robert Hill, una reunión con Videla para garantizar el intercambio de documentación sobre «actividades terroristas».
En octubre de 2024, el juez federal Sebastián Casanello ordenó que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad informaran qué documentación tenían sobre el Plan Cóndor, en línea con lo dictaminado el mes anterior por la fiscala Paloma Ochoa a raíz de un pedido de Alejandrina Barry, legisladora del Frente de Izquierda (FIT) y querellante en la causa. Barry y su familia fueron víctimas del Plan Cóndor. En diciembre de 1977, una patota de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se dirigió hasta Uruguay, donde ella se encontraba escondida con sus padres y sus compañeros de militancia. En el operativo militar, fueron asesinados sus padres, mientras que Alejandrina fue retenida en el país vecino.
En 2016, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 consideró que el Plan Cóndor fue la coordinación de un esquema represivo regional de carácter ilícito, fundamentando así la necesidad de juzgar los crímenes cometidos en el marco de su ejecución, que incluyó intercambio de información y de prisioneros, así como también el despliegue de operativos conjuntos. En ese sentido, la SIDE tuvo un rol fundamental, ya que fue el órgano estatal a cargo de la coordinación. En una de las tandas de documentación desclasificada por parte de Estados Unidos, consta que el titular del órgano de inteligencia argentino, Carlos Laidlaw, a cargo de la SIDE desde el 9 de diciembre de 1976, fue una de las figuras claves al frente del Plan Cóndor.
