La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció este 1° de julio una declaración para lograr un marco institucional para reformar regulaciones fiscales internacionales.
De esta manera y con la firma de representantes de 130 países, la entidad se enfoca en que las Grandes Empresas Multinacionales (EMN) «paguen impuestos en el sitio donde operan y obtienen beneficios, y a la vez añadir al sistema fiscal internacional la seguridad y la estabilidad que tanto se requieren», es decir, que los beneficios fiscales se ajusten al territorio en el que se desarrollan, y actualizar aspectos clave para la «economía globalizada y digitalizada del Siglo XXI».
En relación a la propuesta de OCDE (que tendrá que ajustar detalles técnicos en octubre de este año y entrará en vigencia en 2023), establecerá un piso de tasa de 15% en el impuesto mínimo mundial, lo que aportará 150.000 millones de dólares de ingresos fiscales adicionales en su conjunto para las economías de todo el planeta. “Después de años de trabajo y negociaciones intensos, este histórico paquete garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen el porcentaje justo de impuestos que les corresponde en todas partes”, expresó el secretario general de OCDE, Mathias Cormann.
Asimismo, el titular del organismo expresó que “este paquete no elimina la competencia fiscal (algo que no debería hacer), pero sí establece limitaciones a estas, acordadas de manera multilateral. Por otra parte, considera los diversos intereses de cada una de las partes negociadoras, incluidos los de economías pequeñas y jurisdicciones en desarrollo. Para todos será beneficioso que lleguemos a un acuerdo final entre el pleno de los miembros del Marco Inclusivo para finales de este año, según lo previsto”.
Además, la iniciativa «proporcionará el apoyo tan necesario a los gobiernos que requieran recaudar los ingresos fiscales indispensables para sanear sus presupuestos y sus balances, y al mismo tiempo invertir en servicios públicos esenciales, en infraestructura y en medidas que contribuyan a optimizar la fuerza y la calidad de la recuperación posterior a la pandemia de COVID-19» y «apunta a establecer una base mínima a la competencia fiscal en materia de impuestos sobre la renta de las empresas, mediante la puesta en marcha de impuesto mínimo a nivel mundial que los países puedan utilizar para proteger sus bases impositivas».
Al respecto de las naciones firmantes en el documento, que representan el 90% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial, Perú es el único Estado Miembro de la región que no adhirió.
