Este martes 26 de marzo, distintas organizaciones sociales de migrantes -entre las que se encuentra la Secretaria de Trabajadores Migrantes- presentaron un amparo colectivo en Tribunales para frenar las distintas medidas que afectan a trabajadores migrantes y sus familias, luego de marchar al Obelisco para montar una permanencia, que aún continúa bajo un contexto de amenazas con protocolos antipiquetes, pero con una comunidad presente que resiste pacíficamente con ollas populares y radio abierta.
Migrar es un derecho
El Gobierno avanzó con la suspensión total del ingreso a más de 45 mil personas los últimos dos meses, la mayoría de los casos migrantes. Estamos ante un brutal ataque discriminatorio y xenófobo contra trabajadoras y trabajadores de Bolivia, Paraguay y Perú, quienes tienen un enorme peso en las barriadas obreras de todo el país.
Al respecto de este tema, Lila Báez -integrante de la Secretaria de Trabajadores Migrantes- contó en Latidoamérica: «La situación está bastante difícil con la comunidad migrante con este nuevo gobierno, que está destruyendo absolutamente todos los espacios de trabajo, todo lo que conocíamos del Estado hoy en día está literalmente desapareciendo, en algunos casos lentamente, y en otros rápidamente. Esa situación, obviamente, golpea fuertemente a los sectores populares, en este caso, al sector informal, que muchas de las personas migrantes son parte de ese universo de informalidad. Entonces, en ese sentido tenemos que hablar puntualmente de la cantidad de bajas del programa Potenciar Trabajo que sufrieron las personas migrantes en los últimos dos meses, y el motivo nos parece que es absolutamente autoritario, arbitrario y directamente rompe con lo que estipula nuestra ley de migración 25.871, que en su artículo 4 establece el derecho a migrar, totalmente violentado por parte del nuevo gobierno y lo que llaman Capital Humano, que son quienes efectivamente organizan todo lo que tienen que ver con programas sociales».
Eliminación de la asistencia social
Sin ningún tipo de evaluación de la condición social de cada persona y sin ningún aviso previo, se eliminó la asistencia social, violando la propia reglamentación del Potenciar Trabajo. Solo por cruzar la frontera o por viajar dentro del país sufrieron este ataque.
El objetivo del Gobierno Nacional es avanzar con un ajuste brutal eliminando la asistencia social cuando la pobreza supera el 60% de la población. Dejaron sin su único ingreso para poder comer a decenas de miles de familias, que no podrán asistir al comedor popular, también cerrado por el Gobierno, y tampoco podrán pagar el alquiler, lo que empuja a muchas familias a las calles.
En muchos casos se trata de familias que hace décadas viven y trabajan en el país y se les quiere cercenar su circulación, transformándolos en rehenes de este gobierno y ciudadanos de segunda, que no tienen derecho a ver a su familiares por situaciones de salud, fallecimientos u otros motivos. Hubo despidos de migrantes que viven en pueblos fronterizos y cruzan todos los días caminando para trabajar, ya que muchas veces son parte de una misma comunidad como la Quiaca y Villazón. También pueden citarse casos en Tierra del Fuego, que para pasar por tierra a territorio argentino en Santa Cruz deben transitar por Chile. Hay casos en los que directamente no viajaron y los funcionarios de Ministerio de Capital Humano se excusan de que “fue equivocación”.
De esta forma, se trata de una política criminal y racista de ajuste contra los trabajadores más golpeados por la crisis, quienes tienen los trabajos peores pagos y sin derechos laborales.
