Desde fines de octubre, la República de Panamá vive semanas sumamente convulsionadas. El día 20 de aquel mes, el Congreso aprobó en forma exprés la Ley 406, que otorgaba a una empresa canadiense el contrato de concesión para explotar la mina a cielo abierto más grande de América Central, situada en un área natural. Esa misma noche, el presidente Laurentino Cortizo la promulgó y, de allí en adelante, se generaron multitudinarias movilizaciones en rechazo a la iniciativa que lograron su cometido: el pasado martes, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró su inconstitucionalidad. “Comunico a la faz del país que los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 de 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país”, afirmó María Eugenia López, presidenta de la Corte.
“Pueblo panameño, en reiteradas ocasiones he expresado mi convicción de que la Justicia es la columna vertebral de la democracia. Tan pronto se reciba la comunicación formal del fallo, que declara inconstitucional la Ley 406 por parte de la Corte Suprema de Justicia, se procederá de inmediato a su publicación en la Gaceta Oficial, y se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina”, afirmó posteriormente el Jefe de Estado de Panamá.
El origen del conflicto se remonta a comienzos de 2023, cuando el gobierno panameño comenzó a negociar el contrato de concesión con la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la multinacional canadiense First Quantum Minerals. Se trata de una mina de cobre de aproximadamente 12 mil hectáreas, ubicada en la provincia de Colón, en el caribe panameño, y que está ubicada dentro del Corredor Biológico Mesoamericano, una región de áreas naturales que atraviesa varios países, como Guatemala, Honduras, el sur de México, Costa Rica y, por supuesto, Panamá.
Las protestas, que convocaron a diversos sectores de la sociedad, desde campesinos hasta estudiantes y abogados ambientalistas, tuvieron un capítulo trágico con la represión que dejó centenares de heridos y los asesinatos de dos docentes que se habían sumado a las movilizaciones: Iván Rodríguez Mendoza y Abdiel Díaz.
La convocatoria a las movilizaciones tuvieron un eje importante en las redes sociales, casualmente con el slogan “Sal de las redes”. Ganar la calle era el objetivo, que fue cumplido con creces: se trata de las protestas callejeras más multitudinarias del país centroamericano desde el año 1989, cuando cayó la dictadura de Manuel Antonio Noriega.
Las dos principales críticas al contrato radicaron tanto en las consecuencias ambientales, por el daño al ecosistema y la biodiversidad, como en el tratamiento veloz y a espaldas de la comunidad que tuvo la Ley 406, que extendía por 20 años los permisos de operación sobre la mina para Minera Panamá y agregaba la posibilidad de una prórroga por otros 20 años más.
Tras conocerse el fallo de la Corte, la empresa Minera Panamá respondió con dos acciones. Primero, comunicó la presentación de dos demandas contra Panamá ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá. Luego, anunció la suspensión de 7.000 empleados, hablando de una resolución “temporal” que “afecta a todos nuestros colaboradores directos e indirectos (contratistas, proveedores) y por supuesto a cada una de las 40.000 familias panameñas que dependen de la actividad minera que existe en nuestro país».
