Apenas trascendió su existencia, un polémico proyecto de la diputada Paula Urroz (Pro) fue objeto de duras críticas. La iniciativa de la legisladora, que ni siquiera llegó aún a tratarse en comisión, propone el «consentimiento informado» que permite que los padres o responsables de los menores de edad puedan rechazar la aplicación de vacunas que previenen, entre otras enfermedades, la polio, la meningitis y varios tipos de hepatitis.
Esta decisión se tomaría luego de que los responsables sean informados de los problemas y riesgos que «la inoculación en cuestión implica». Esto sería complementado con folletería en todos los centros de vacunación, tanto públicos como privados, en los que se mencionen las contraindicaciones de la aplicación de las vacunas. También establece la creación del Registro de Efectos Adversos por Vacunación. Al respecto, Urroz señaló que había sido asesorada por el médico homeópata Eduardo Yahbes y que su intención es «que los padres sepan los efectos adversos de las vacunas y que el pediatra se haga responsable».
Alerta de la OMS
Si bien en Argentina no es mayoritario, en Estados Unidos y Europa el movimiento antivacunación tiene aceptación. Sin embargo, en paralelo a su crecimiento también lo ha hecho la reaparición de enfermedades que estaban prácticamente erradicadas como el sarampión, la poliomielitis, la tos convulsa, la rubéola y la varicela. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un alerta por la preocupación que esto generó.
El artículo 1 del proyecto determina que «las personas que sean pasibles de vacunación obligatoria u opcional y quienes sean responsables por la vacuna que reciba un menor a su cargo deberán recibir previamente una información fehaciente acerca de los riesgos que la inoculación de la vacuna en cuestión implica, posibilitando la aceptación o no aceptación de ese acto médico, en cumplimiento del derecho al consentimiento informado establecido en el Capítulo III de la Ley 26.529».
Ademas, se señala que «en los lugares públicos y privados donde se suministren vacunas de cualquier tipo deberá exhibirse de forma visible un cuadro informativo donde se advierta sobre las contraindicaciones para la aplicación de las vacunas». Por otra parte, remarca que «en caso de presentarse efectos adversos de cualquier naturaleza, el damnificado o sus representantes legales tendrán la obligación de denunciarlos ante la Secretaría de Salud».
«Ser vacunado puede marcar la diferencia»
En los fundamentos de la norma, la diputada Urroz precisa que «las vacunas contienen componentes de naturaleza tóxica (aluminio, mercurio, polisorbatos, formaldehído) y biológicos (virus y bacterias muertas o atenuadas, restos de ADN de células de cultivo humanas y animales) que conllevan un riesgo, constatado en los hechos, de muerte, enfermedad aguda o crónica de variada naturaleza, a lo que hay que añadir la modificación del patrimonio genético». Desde el propio Ministerio de Salud bonaerense su titular, Zulma Ortíz, a través de la red social Twitter rechazó la iniciativa. «Según UNICEF las vacunas salvan la vida de 2 a 3 millones de niños por año. Ser vacunado o no puede marcar la diferencia entre vida y muerte», manifestó la funcionaria.
De manera oficial, la cartera sanitaria dijo que la vacunación es «una intervención sanitaria preventiva mediante la cual podemos proteger a las personas de enfermedades muy graves, muchas de las cuales los padres hoy en día no conocen ni han podido ver sus efectos y secuelas debido a que la población ya está vacunada». Y cuestiona que se ponga en duda la vacunación, porque «el resultado de la indecisión es aumentar innecesariamente el periodo de exposición al riesgo de contraer una enfermedad prevenible».
«Propuesta descabellada»
A nivel nacional, el doctor Jorge San Juan, subsecretario de Estrategias de Atención y Salud del Ministerio de Salud, dijo que la propuesta es «descabellada». «No conozco el proyecto, pero me parece descabellado. El Ministerio trabajó muchos años para imponer la vacunación de carácter obligatorio. Gracias a eso y a las que se fueron incorporando en los últimos años, Argentina es uno de los tres países con mayor cobertura de vacunación, con 19 vacunas en el plan nacional», manifestó el funcionario.
Por su parte, el doctor Jorge Selser aseguró que «proponer esto es retroceder 100 años». Selser, quien es primer candidato a legislador porteño por Sur en Marcha (frente integrado por Proyecto Sur, Pueblo en Marcha y Partido Social) sostuvo que «el fin de la obligatoriedad beneficia a las instituciones privadas de medicina prepaga que pasarían a cobrar para cumplir con el calendario de vacunas obligatorias». Finalmente, el especialista indicó que «no existe ningún argumento serio basado en informes de organizaciones internacionales de la salud que indique que terminar con esta obligatoriedad sea lo apropiado» y que, por el contrario, la vacunación obligatoria «ha salvado millones de vidas».
Algunas de las entidades que se manifestaron en contra del proyecto fueron la Sociedad Argentina de Inmunología, la Sociedad Argentina de Infectología y la Fundación Huésped que, en un comunicado conjunto, señalaron que «la vacunación, luego de la potabilización del agua, es el hito sanitario que más vidas ha salvado en el mundo a lo largo de la historia de la humanidad». En forma separada, la Sociedad Argentina de Pediatría afirmó que «la prevención es el acto de mayor impacto en la salud pública» y remarcó que los programas de vacunación «son una herramienta de equidad, porque llegan a todos los niños de distintos estratos sociales» y constituyen «un elemento de solidaridad, porque cuando un individuo se vacuna, reduce el riesgo para quienes interactúan con él».
