Este lunes, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 782/2024, el presidente Javier Milei vetó la reforma de la movilidad jubilatoria que aumentaría los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un adicional de 8,1%, además de que el total de los ingresos no sea inferior al valor de una Canasta Básica Total (CBT). De esta manera, el proyecto volverá al Congreso para su sanción o rechazo definitivo.
«El proyecto de ley sancionado por el Honorable Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento», expresa el texto firmado por Milei, y «debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional», porque este «se diseña en base al programa general de gobierno -que no es simplemente el programa del Presidente sino el programa que el pueblo votó al elegir al Presidente- y al plan de inversiones públicas». Cabe mencionar que el miércoles pasado, un grupo de jubilados fue reprimido por la Policía Federal Argentina, cuando reclamaban -como suelen realizar ese día- frente al Congreso por una actualización de ingresos.
Esta reforma de los haberes para jubilaciones y pensiones también establece un aumento anual de 50% entre la variación salarial y aumentos de los precios en el mismo periodo. «La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria tendría un costo fiscal del 0,43% del PBI». Adrede o por ignorancia, Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario aseguró que «los degenerados fiscales votaron, en gran mayoría, un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda», «una medida que le cuesta a los argentinos 370.000 millones de dólares y eso les arruina la vida a nuestros hijos, nietos y a varias generaciones futuras». La frase se suma a la reiteración de mentiras provenientes del mandatario, que situaban la inflación en torno al 17.000%, cuando el acumulado durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía fue de 124,5% en casi un año y medio, tras el «silencio» de Alberto Fernández y Cristina Fernández en la gestión, que le «entregaron» en agosto de 2022 al candidato presidencial la cifra de 71% anual. En lo que va del año, esta alcanzó 87% según los datos oficiales del Instituto de Estadística y Censos.
Al respecto de los argumentos para el veto presidencial en los haberes jubilatorios, explica que «el referido proyecto de ley -en caso de ser aplicado- implicaría para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto de aproximadamente seis billones ciento sesenta mil millones de pesos ($6.160.000.000.000) para el año 2024 y de quince billones cuatrocientas treinta mil millones de pesos ($15.430.000.000.000) para el año 2025», por lo tanto, «los citados importes equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquel, estimado para el año entrante». «Si las erogaciones citadas se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente, la medida sancionada por el Congreso conllevaría un aumento de aproximadamente el 8% del referido presupuesto en términos anuales» y «la cifra mencionada tornaría imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno Nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes», lo que refleja, en palabras de la administración actual, la fragilidad económica en la que se encuentra actualmente la Argentina. «Dar cumplimiento a la medida sancionada dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos», concluye el texto.
