Costa Rica se convirtió en el primer país de Latinoamérica en prohibir la fertilización in vitro cuando, en el año 2000, entró en vigencia la ley que se mantiene hasta el presente. Por este motivo, en diciembre del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a esta república por violar los derechos a la vida privada, los derechos reproductivos y los concernientes a la integridad personal de sus ciudadanos. Además, emitió una orden para crear una ley que permita la fertilización in vitro y la incluya gradualmente en su sistema de salud pública, algo en lo que Argentina es pionera y primera de la región en garantizarle el acceso ilimitado a la fertilidad a toda su población.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro parejas en el mundo en desarrollo tiene problemas para tener hijos. El mismo reveló que en todo el planeta hay unas 48,5 millones de parejas que no logran concebir después de cinco años.
Para recibir la ayuda que la fertilización in vitro brinda, los costarricenses deben viajar a otros países, por lo que la posibilidad de acceder a este avance médico se reduce considerablemente en las parejas con menores recursos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en San José y, desde allí, solicitaron al Estado que se haga responsable por las indemnizaciones a las parejas que presentaron demandas por no haber encontrado respuesta ante el problema que los aquejaba. Esto resulta en un asunto cargado de contradicciones, ya que el Estado debe garantizar la protección de todos sus ciudadanos y, por si fuera poco, casualmente en un país que se jacta de autodenominarse “la Silicon Valley de Latinoamérica” y que se enorgullece de no contar con ejército y defender otras políticas en defensa de los derechos humanos que, por cierto, son loables.
Pero del otro lado se encuentran otras entidades con peso político considerable, como lo es la Iglesia Católica y algunos grupos conservadores que se encuentran presionando para que no se apruebe en el congreso el proyecto de ley (que fue presentado en abril de este año) para otorgar legalidad a la fertilización asistida. Estas agrupaciones basan su postura en los conceptos de familia, la vida y los derechos humanos. Recordemos que la fertilización in vitro es un procedimiento en el que la fecundación de óvulos por espermatozoides se realiza por fuera del cuerpo de la madre.
Las argumentaciones
Entre las posiciones asumidas en el caso, el obispo José Francisco Ulloa expresó que se trata de un “horror” y consideró “nefastas” las prácticas, y convocó a todos los católicos a oponerse para no traicionar sus valores.
En la vereda contraria la Corte determinó, ante la acusación de pérdidas de embriones en el procedimiento, que existe «tanto en el embarazo natural como en el marco de la fertilización asistida, de manera que se trata de un riesgo que resulta común e inherente incluso en procesos donde no interviene esta técnica», en respuesta a las palabras del obispo Ángel Sancasimiro, quien lideró una marcha días atrás contra estas prácticas. Asimismo, el clérigo manifestó que la Iglesia podría llegar a aceptarlas “siempre y cuando haya respeto total por la vida, por tanto, con un óvulo o máximo dos de fecundación y nada de mantenerlos congelados”.
Por su parte, los abogados del Estado de la República de Costa Rica argumentaron su postura contraria a legalizar la fertilización in vitro basándose en que la vida se inicia desde el momento de la fecundación de un óvulo con un espermatozoide y se forma un embrión.
Uno de los ciudadanos referentes en el tema y quien hace tiempo intenta ser padre, Miguel Yamuni, es claro al respecto: “Ni esta corte ni ninguna otra va a decidir cuándo comienza la vida y eso no debería ser el centro de la discusión”.
Al parecer, el asunto seguirá su debate pero, mientras tanto, muchas parejas esperan pacientemente cumplir su sueño.
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