Ante un incremento de la actividad en la industria del cannabis y las normativas que se comienzan a imponer en los distintos actores, surgen interrogantes y dudas en toda la comunidad cannábica. Dudas que se adhieren a las ya antiguas demandas que, desde los colectivos, organizaciones, asociaciones organizadas y cultivadores, cada año llevan a la calle.
Este sábado se volvió a la plaza en todo el país para marchar por los logros obtenidos y por los derechos que aún no llegaron en materia de cannabis. El pliego de peticiones que desde distintas organizaciones como el Frente Cannábico Bonaerense se dio a conocer, revela la necesidad de medidas urgentes frente a la Ley 23.732 del régimen legal de estupefacientes, acceso a las herramientas que reglamenta la normativa y un número aún preocupante de presos por cultivar. Los colectivos y organizaciones como Plantar y Crecer Libre, Proyecto Cáñamo, Cooperativa de Trabajo Sembrando Futuro y Cooperativa INDESCAN, convocan y se unen como cada año para visibilizar y compartir sus experiencias de trabajo en el sector.
La movilización se dio en todo el país a las 4:20 horas y en la capital se esperaba la concentración principal en la Plaza de Mayo, que se desplazó hasta el Congreso de la Nación.
Este año, especialmente, se pide plena implementación de la Ley 27.350, que esta incorpore definitivamente el módulo de las ONG en el REPROCANN y termine con los problemas de acceso y aprobación en la plataforma.
Regulación y derogación de la Ley 23.737
Se plantea la necesidad de una nueva ley de drogas que trate de manera integral el cannabis, indulto y reparación histórica a las personas perseguidas y afectadas por la ley, ya que son las mujeres, población trans, travesti y no binaria, migrantes, afros y pobres las principales víctimas del prohibicionismo. Esta misma prohibición es una expresión del patriarcado que avanza sobre los cuerpos y territorios. No puede haber producción con personas presas y perseguidas, señalan los colectivos.
Por una reglamentación de la Ley 27.699 de desarrollo productivo de la industria del cannabis con verdadera perspectiva de género y diversidad.
Además, exigen capacitación a las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial sobre el avance normativo como el alcanzado por el REPROCANN y las modificaciones a la ley, además, piden sanciones administrativas a funcionarios públicos por su mal desempeño durante operativos de allanamiento en donde pacientes pierden sus cosechas y son estigmatizados por utilizar la planta.
Producción y cooperativas en el sector cannábico
La aprobación de la ley que permite acceso a trabajo genuino y subvencionado para insertar competitivamente al sector cannábico es la principal demanda. Además, la promoción e industrialización de las economías regionales, reconocimiento de la calidad de los fitopreparados de ONG, cooperativas y productores. Así como la prioridad en registros y licencias para personas vulneradas por la Ley 23.737, grupos pre cooperativos y pequeños productores.
Salud pública
Correcto funcionamiento del REPROCANN y asistencia financiera y técnica para ONG y personas que dan respuesta a la demanda de cannabis como tratamiento coadyuvante en todo el país. Además, el reconocimiento de los médicos veterinarios dentro del marco de atención y producción.
Educación e investigación
Se exige una capacitación cannábica en formaciones de pregrado, grado y posgrado en todo el país. Promover el acceso a servicios de cualificación y cuantificación de perfil cannabinoide. Partidas presupuestarias para el financiamiento de proyectos de investigación de las ONG, universidades y otras instituciones científicas y promover el Control de Riesgos y Reducción de Vulnerabilidades en todos los niveles educativos.
