El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, más allá del horror que nos provoca toda pérdida de vidas en una guerra absurda y evitable, nos parece tan lejano que no es extraño que nos resulte inverosímil cómo podría llegar a afectarnos a nosotros, que estamos en otro continente y «aquí abajo», como dice Mario Benedetti.
Pero en un mundo globalizado y, en general, abierto al comercio internacional, toda modificación en las relaciones de intercambio entre los países, por más mínima que nos parezca, tiene su impacto en lo cotidiano, incluso en aquellos países que se encuentran geográficamente tan apartados como Argentina. Y por ello, es necesario implementar rápidamente políticas de comercio interior y exterior que protejan las actividades de un país y a sus habitantes.
Y es que, así como otrora Argentina era considerada el «Granero del Mundo”, Ucrania ostenta, junto con Rusia, el título de “Graneros de Europa”, ya que el 29% de la exportación mundial de trigo se concentra en estos dos países.
Sin lugar a dudas, la producción y exportación de granos representa una de las principales actividades de la economía ucraniana: con un volumen de aproximadamente 76,6 millones de toneladas, su producción granaria es poco más de la mitad que la producción de la Argentina, que ronda los 140 millones de toneladas.
A pesar de su volumen, Ucrania es el cuarto exportador mundial de trigo con 24,2 millones de toneladas, y también ocupa el cuarto lugar en la exportación mundial de maíz con 33,5 millones de toneladas. Rusia, por su parte, es el segundo productor mundial de trigo con 35 millones de toneladas y el sexto país exportador de maíz con 4,5 millones de toneladas.
En nuestro país, la reina de la producción de cereales es la soja. Del total del volumen de granos producidos, el 64% corresponde a la soja. Sin embargo, el trigo tiene una producción total que llega a los 20 millones de toneladas por campaña. Es así que, en el concierto de países exportadores de trigo, Argentina es la séptima con 13,5 millones de granos.
El precio de la harina de trigo, materia prima esencial en la elaboración del alimento por excelencia que es el pan, puede generar que se rompan los acuerdos celebrados por la Secretaría de Comercio Interior, aún contra la voluntad de la Federación de Panaderos, ello, por cuanto la demanda internacional de este cereal puede verse incrementada por la escasez que el conflicto bélico ya está causando, y por lo atractivo del precio de exportación ante la falta de oferta internacional.
Ocurre que algunos panaderos ya están denunciando ante el Gobierno la especulación de los molinos harineros, que no entregan bolsas de harina o lo hacen sin cerrar su valor, como adelanto, esperando una suba en el precio del insumo que genere mayores ganancias.
Lo mismo puede ocurrir con el maíz, ya que Rusia y Ucrania acumulan el 19% de la producción mundial de este cereal y la Argentina es el tercer país exportador con un volumen de 39 millones de toneladas. La importancia del maíz radica en que es el alimento principal en la producción avícola y ganadera, con lo que también el precio del kilogramo de carne de pollo o de cerdo podría verse afectado ante una disparada del precio internacional, como así también la producción de huevos de gallina.
La solución a estos desacoples entre el precio internacional y el precio doméstico sería incrementar el monto de las retenciones a las exportaciones de estos bienes. En la actualidad, el porcentaje de retención (nombre con el que se conoce a los derechos de exportación, que es el nombre legal y técnico de estas imposiciones) es del 12%, y el Poder Ejecutivo podría incrementarlo hasta el 15% sin pasar por la Cámara de Diputados.
Pero aquí el panorama es harto complicado, ya que la Sociedad Rural Argentina presentó un recurso de amparo ante la Justicia en los últimos días del mes de febrero de este año, en razón de que sus abogados interpretan que no existe una ley que fundamente el cobro de los derechos de exportación desde el momento que dicho fundamento legal debió encontrarse en la Ley de Presupuesto, que no fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2021.
Así las cosas, el precio de estos dos insumos podría quedar a merced de las variaciones del precio internacional, afectando la producción de alimentos para el mercado interno y agravando aún más la solución del principal problema de la economía argentina: la inflación. Recordemos que el Presidente de la Nación, en su discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias ante la Asamblea Legislativa, así calificó a la inflación.
La otra actividad principial de la economía ucraniana es la producción de petróleo y de gas natural. Europa ya piensa en que la escasez de estos recursos esenciales para la vida y la actividad de las personas generará un aumento de las tarifas de combustibles para el transporte y la calefacción.
Nuevamente, la vulnerabilidad de la economía argentina a los vaivenes de los precios internacionales de los insumos energéticos y la firma del inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos detalles no se conocen pero que, como es costumbre en este tipo de programas, tiene un capítulo especial para las tarifas del sector energético, nos hace pensar que podrían producirse aumentos en los precios de los combustibles (lo que afectaría al transporte de personas y de bienes), los precios de la electricidad y del gas.
Es fácil colegir que la inflación seguirá siendo un problema que continuará a lo largo del año 2022 en Argentina y que las políticas de ingresos deberán ser muy efectivas para evitar un crecimiento de la pobreza, que ya está en niveles nunca vistos en nuestro país.
Por ello, es muy importante avanzar en una Empresa Nacional de Alimentos y en realizar un análisis del consumo energético para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Artículo elaborado especialmente para puntocero por Alejandro Nava.
