A poco de haberse cumplido los primeros cien días de Javier Milei al frente del Gobierno Nacional y cerca de conmemorarse un nuevo aniversario de la dictadura cívico militar en nuestro país, el escenario sociopolítico y económico argentino no podría haberse imaginado en peores condiciones.
Las promesas antiinflacionarias, la quita de impuestos y el reiterado discurso de terminar con «la casta» aún no fueron cumplidas. Por el contrario, las cifras promedio de aproximadamente 12% mensuales bajo la administración de Alberto Fernández (con Sergio Massa en el Ministerio de Economía) rápidamente se duplicaron. Los gravámenes volvieron a ponerse en la agenda gubernamental, se eliminó el alivio fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las compras minoristas para el común de la ciudadanía (en la que un programa lo reintegraba) y se coqueteó con la idea de imponer nuevamente el Impuesto a las Ganancias. La clase política no se vio afectada, de hecho, subieron sueldos que los atribuyeron a «errores burocráticos» y el partido al frente de la administración pública acomodó a sus fieles seguidores sin experiencia previa en la órbita con cargos con relevancia en la toma de decisiones en el Estado.
Asimismo, las renuncias no cesaron desde el primer día desde la asunción de Milei en diciembre pasado, los escándalos están a la orden del día, peleas con gobernadores y las internas dentro de La Libertad Avanza (LLA) arrojan tantas discusiones en redes sociales como renovaciones jerárquicas. Guillermo Ferraro fue despedido del Ministerio de Infraestructura por filtrar la amenaza del presidente a los gobernadores, Omar Yasín fue desplazado de la Secretaría de Trabajo en vivo en televisión por el 48% de aumento de sueldo de Milei que el propio mandatario firmó por decreto, y el abogado laboralista no tenía relación alguna con el caso. También dejó su puesto Armando Guibert por el mismo tema. La joven Geraldine Calvella, sin experiencia laboral, había sido designada en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y a los pocos días renunció. Julián Suárez es otro de los nombres que se hacen a un lado en los primeros meses de gobierno, debido a la negativa de este para recortar puestos de forma masiva en el sector pesquero y habilitar la pesca ilegal en territorio argentino.
También hay tiempo para la provocación
El Gobierno Nacional no asume la responsabilidad de brindar soluciones para con la sociedad argentina, y parece tomar como un enemigo a todo aquel que realice críticas o no concuerde con las decisiones tomadas por Javier Milei. Incluso, la insensibilidad oficialista nos mostró burlas a un adolescente que se desmaya en un acto escolar, al que el propio presidente catalogó de «zurdo». «No la ven» es la respuesta para un país que pasó a tener dos tercios de su población sumida en la pobreza en solamente un trimestre. «Lloran» es el terminante fin de la discusión en la esfera de las redes sociales. ¿Soluciones? Ninguna. Hay que reconocer, por cierto, que el único objetivo logrado entre las promesas de campaña para el beneficio de la ciudadanía fue terminar con el déficit fiscal. Los daños colaterales, para Milei y los suyos, es la inflación, pobreza, crecimiento del desempleo y de las tarifas de los servicios y desmantelar los organismos públicos.
Para llevar a cabo esto último sin consecuencias, se cerró la agencia nacional de noticias más importante de Latinoamérica, Télam. También comenzó una batalla cultural que pretende erradicar la identidad soberana: se cortan los fondos para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), es decir, no habrá dinero para la producción de cine argentino.
Alineado con este asunto, el Gobierno circuló off the record que películas o series no hablen de lo acontecido en materia sociopolítica en los últimos 15 años. También emitió un comunicado a todos los organismos públicos para que no se publique nada relacionado al Día de la Mujer Trabajadora el pasado 8 de marzo, fecha en la que en redes sociales postearon un video en el que cambiaron el nombre del Salón de las Mujeres en Casa Rosada por el de Salón de los Próceres, cubrieron el cuadro de Juana Azurduy y colgaron un retrato de Carlos Saúl Menem.
Para finalizar, la legitimación de los discursos de odio por parte de Milei y compañía (cabe recordar la expresión en la apertura de las Sesiones Ordinarias en el Congreso en la que criticó la gestión de la pandemia, porque «si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30.000 muertos… de verdad»), nos lleva directamente a un acto atroz que nos remite a la época más oscura y siniestra de nuestra historia. Por si hiciera falta manifestarlo, la vicepresidenta Victoria Villarruel es abiertamente negacionista de la dictadura y es la hija de uno de los militares no firmantes (y por ello detenido) en la promesa de garantizar la democracia, apenas reinstaurada en 1983.
Este jueves, la agrupación H.I.J.O.S. denunció que el pasado 5 de marzo una activista fue amenazada y abusada sexualmente en su propio hogar. «No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para esto», le dijeron los atacantes, al tiempo que pintaron en la pared de la vivienda «VLLC» (firma habitual de Javier Milei que significa «viva la libertad carajo»). Además, se llevaron carpetas con información de la agrupación, la que advierte que «estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresan cotidianamente e incita a la violencia contra quienes militamos por los derechos humanos».
Apenas superamos el centenar de días de esta administración de ultraderecha. La historia parece repetirse. La historia apenas comienza. Más que nunca, nunca más.
