En la Cámara de Diputados, diferentes bloques opositores unificaron un proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaría en Argentina hasta diciembre de 2022 y buscan que se trate el próximo jueves en el recinto, en una sesión especial.
Entre los legisladores que firmaron la iniciativa se encuentran Felipe Solá, Carla Pitiot, Agustín Rossi, Leonardo Grosso, Daniel Arroyo, Victoria Donda, Pablo Kosiner, Alejandra Rodenas, José Luis Ramón, Andrés Vallone, Jorge Franco, Juan José Bahillo, Omar Félix, Ivana Bianchi y Lucila de Ponti.
El Artículo 2 del mencionado proyecto señala: «Concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina, según lo establece la Ley 25.724 que crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional».
Por su parte, en el siguiente apartado se remarca que «el derecho humano a una alimentación adecuada se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada ‘Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional’ que apruebe el Congreso de la Nación».
Para enfrentar la emergencia se explicita un incremento de, por lo menos, el 50% de «las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».
Asimismo, cabe destacar que la iniciativa habilita al Jefe de Gabinete desde comienzos del año próximo a «actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro ‘alimentos y bebidas no alcohólicas’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)».
Finalmente, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional que disponga de las «ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional. Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad Servicios Sociales».
En los considerandos se señala que «el presente proyecto parte de la convicción que comer bien y barato es un derecho y no un privilegio. Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional se debe transformar en un primer consenso básico y en una política de Estado prioritaria de una nueva etapa de unidad nacional de la Argentina».
Al respecto, se destaca que «la situación de emergencia alimentaria y nutricional es una cuestión social concreta, medible y objetiva que ha sido señalada por diversos informes de organismos públicos nacionales, por organismos internacionales, y por Universidades y Centros de Estudios, vinculada al creciente aumento de la inseguridad alimentaria y nutricional; de la pobreza y de la indigencia; de la desocupación, de la subocupación y del trabajo informal; del costo de los productos de la canasta básica de alimentos; de la pérdida del poder adquisitivo de salarios, asignaciones, jubilaciones y pensiones; entre otras variables sociales».
«Hacerse cargo»
El diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, sostuvo que «el Gobierno debería tener la responsabilidad de hacerse cargo de este problema que ellos generaron y tomar medidas urgentes antes del jueves y, de no ser así, avanzaremos con la sesión especial para darle media sanción».
Por su parte, el titular de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, sostuvo que la iniciativa «busca darle al Ministerio de Desarrollo Social y a la Jefatura de Gabinete las herramientas administrativas» para destinar mayor presupuesto a «los comedores, las intendencias y las provincias». En declaraciones periodísticas, Rossi remarcó que la norma posibilitaría, además, que estas licitaciones «sean lo más ágil posible, lo más potente y transparente posible». «Me imagino que no habrá muchos diputados que quieran volver a sus provincias planteando que se negaron a tratar la emergencia alimentaria», manifestó el legislador kirchnerista.
El bloque de Consenso Federal no sumó sus firmas e iría al recinto con proyecto propio, que incluye incrementar a 1.500 pesos la suma que se abona a los beneficiarios de la AUH por cada hijo y hasta el quinto, hasta el 29 de febrero de 2020. También propone la creación del programa de Fortalecimiento y Ampliación para la Emergencia Alimentaria Nacional que garantice el derecho de acceso a productos alimenticios que cubran las necesidades básicas de la población vulnerable. El Frente de Izquierda y los trabajadores tampoco apoyó el proyecto unificado y reclama que se incorpore una prohibición de despidos y suspensiones, así como aumento a los jubilados y pensionados.
Viabilidad fiscal y oportunismo
El jefe del bloque del PRO en la Cámara Baja, Álvaro González, afirmó que «el título de emergencia alimentaria es un título puesto desde la política». También precisó que no está definida la estrategia oficialista, ya que están a la espera de «la respuesta del Ejecutivo en cuanto a la viabilidad fiscal» de la iniciativa opositora.
González remarcó que el proyecto no fue discutido en «ninguna comisión» ni se evaluó «si es sustentable». «Que pase por la Comisión de Presupuesto sería lo ideal», señaló y consideró que «lo que hay que ver y evaluar es si hay alguna instancia de negociación o si ellos (por la oposición) están totalmente cerrados con este proyecto que han consensuado. Veremos si nos prestamos a darle los dos tercios o no lo aprobamos y que vuelva a comisión».
Por otra parte, el diputado subrayó que el Gobierno hoy tiene las «herramientas» de la Ley de Emergencia Social sancionada en 2016. «El Ejecutivo tiene todas las atribuciones para estar, como lo está haciendo hoy, cumpliendo con todas y cada una de las transferencias a las provincias y los municipios, así como el reparto de mercadería», afirmó.
Por último, dijo que «con oportunismo político plantean una situación mientras el Gobierno está atendiendo a todas las organizaciones sociales que están pidiendo alimento», para diferenciar que las organizaciones que protagonizaron el acampe en la 9 de Julio «no piden alimentos, piden planes; no son todo lo mismo».
