Ante un nuevo 24 de Marzo, es preciso «hacer un poco de historia» para comprender cabalmente esos años de «proceso» que dejaron una huella indeleble en nuestra sociedad, trabajando en la preservación de aquella memoria construida con la lucha y dignidad de trabajadores, madres, militantes y familias, en definitiva, del pueblo argentino, para que crímenes contra los derechos humanos no tengan lugar nunca más en nuestro país.
El Golpe de Estado militar que derrocó al gobierno de Isabel Martínez de Perón se produjo el 24 de marzo de 1976 con el consenso de las tres armas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) en un clima de violencia generalizada, donde se destacaban el desprestigio de la autoridad presidencial, la falta de credibilidad de las instituciones democráticas, la inoperancia de los partidos políticos y, principalmente, una profunda inestabilidad económica y social.
El Proceso de Reorganización Nacional (PRN) se propuso un cambio en las bases y, a diferencia de los golpes previos, planteó una reestructuración del Estado con un nuevo sistema de dominación impersonal. Para implementarlo se estableció un cuerpo colegiado, la Junta Militar, como órgano supremo (incluso a la Constitución Nacional) y un órgano unipersonal encarnado en el presidente como brazo ejecutor de las decisiones del poder supremo.
Fue justamente esta Junta Militar integrada por Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera y Orlando Agosti, la que declaró en marzo del 76′ la caducidad de los mandatos constitucionales, removiendo también a los miembros de la Corte Suprema y suspendiendo todo tipo de actividad política. Es importante destacar que no había plazos temporales establecidos de antemano. De este modo, la dictadura atravesó cuatro etapas signadas por las sucesiones de Videla (1976-1981), Roberto Eduardo Viola (1981), Leopoldo Fortunato Galtieri (1981-1982) y Reynaldo Bignone (1982-1983).
Desde el ilegitimo gobierno se instaló la consigna de la lucha contra los grupos subversivos, esto se traducía en la práctica en todos aquellos que estuvieran en desacuerdo, es decir, militantes, grupos civiles armados, sindicalistas, periodistas, intelectuales y obreros. En este sentido, se operó en la sociedad desde el miedo y la sospecha.
En este nuevo proyecto de país no hubo lugar para la movilización social, principalmente la obrera. Es importante preguntarnos el verdadero objetivo de la dictadura: ¿por qué se puso allí el foco? ¿Por qué se reprimió? ¿La finalidad en si misma fue el terrorismo de Estado? Al considerar el aspecto económico y sus implicancias presentes aún en la actualidad, vemos que el objetivo primordial fue generar las condiciones para la acumulación del capital de los de siempre, de quienes apoyaron el Golpe, el empresariado nacional, dándose una reprimarización de la economía, menos producción industrial y más especulación, deuda y gasto público.
En consecuencia, entre marzo y abril se eliminaron las conquistas obreras originadas desde 1945 con el peronismo, puesto que había una incompatibilidad nodal entre estas medidas que dañaban a las minorías populares y el sistema democrático, ya que estas al votar claramente volcarían su descontento. No es menor el dato que más del 30% de personas desaparecidas fueron obreros industriales.
La Junta militar se ocupó de operar desde el horror, dividiendo el país en zonas con centros clandestinos que operaban a través de métodos represivos e ilegales. No había lugar para el accionar de la justicia, ya que se llevaron a cabo detenciones y fusilamientos sin juicio, basados en el secreto militar de los procedimientos.
Las formas de resistencia fueron varias y en el ámbito fabril, por ejemplo, se aplicó el trabajo a desgano y una designación rotativa de delegados para que no sean fácilmente identificables, el rock nacional con sus recitales y revistas como espacios de expresión de las juventudes y, por supuesto, el rol de Madres de Plaza de Mayo denunciando la desaparición forzada de personas, logrando la atención de la comunidad internacional.
Este 24 de Marzo, habiendo conseguido 40 años de democracia ininterrumpida, la consigna es clara: “Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia. Corporación judicial nunca más”.